Canarias no puede seguir sola
La inmigración no es una novedad para Canarias. Llevamos más de dos décadas viendo cómo las rutas migratorias africanas cruzan nuestras aguas, cómo las pateras llegan a nuestras costas, cómo los menores no acompañados entran en un sistema de protección desbordado, cómo los servicios sociales municipales hacen equilibrios imposibles para atender a personas que no deberían estar en la calle. Lo que sí es nuevo —y profundamente alarmante— es que a estas alturas el Estado siga sin asumir su responsabilidad de manera firme, sostenida y corresponsable.
Canarias no puede seguir sola. No puede seguir acogiendo con recursos insuficientes, asumiendo competencias que no le corresponden y recibiendo promesas que se diluyen en cuanto desaparecen de la agenda mediática. No es justo para las instituciones, pero mucho menos lo es para las personas, tanto migrantes como canarias, que conviven cada día en barrios con servicios saturados, escuelas sin refuerzos suficientes o centros de salud sin recursos adaptados a una realidad cambiante.
En los últimos meses, la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la FEMP, que tengo el honor de vicepresidir, ha alzado la voz con claridad: los municipios, cabildos y comunidades que asumimos la primera línea de la gestión migratoria necesitamos más que comprensión: necesitamos medios, coordinación y, sobre todo, compromiso político real del Estado.
Porque no es razonable que Canarias —con 2 millones de habitantes y una posición geográfica que nos convierte en frontera sur de Europa— gestione en solitario una situación estructural y compleja. Porque no es aceptable que se nos utilice como espacio de contención, mientras se siguen postergando soluciones efectivas como la derivación solidaria de personas migrantes a otras comunidades autónomas, la financiación estable del acogimiento de menores extranjeros no acompañados, o el refuerzo de los servicios públicos en los municipios con mayor presión migratoria.
Y tampoco es tolerable que las entidades locales tengamos que mendigar recursos cuando somos quienes damos respuesta inmediata y real a la emergencia social. Las políticas de migración no pueden seguir diseñándose desde la distancia ni desde el desconocimiento de la realidad de los territorios frontera.
Canarias no pide privilegios. Pide justicia. Pide que se respete su papel, que se le escuche, que se le dote de herramientas. Que se deje de mirar hacia otro lado cada vez que se produce una llegada masiva, cada vez que colapsa un centro, cada vez que un menor duerme en condiciones indignas.
No es una cuestión partidista. Es una cuestión de Estado. Una cuestión que afecta a la cohesión social, a la dignidad humana y a la igualdad territorial. Si no se actúa con visión, con valentía y con corresponsabilidad, no solo se está fallando a Canarias. Se está fallando a todo el país.
La inmigración no se va a detener. Porque responde a causas profundas, estructurales y humanas. Pero su gestión sí debe cambiar. Y para eso hace falta que el Estado esté. No con discursos, sino con hechos. No con visitas puntuales, sino con políticas públicas sostenidas. Porque cuando se trata de derechos humanos, no hay excusas que valgan.
Jacobo Medina, vicepresidente de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la FEMP