Sáhara: regresar a la legalidad internacional
El viernes 18 de marzo conocimos el significativo giro del Gobierno español en torno al contencioso sobre el Sahara. Anunciado, y no deja de resultar muy curioso, por el Reino de Marruecos, que hizo públicas algunas de las ideas centrales de una carta del presidente Pedro Sánchez a Mohamed VI. En la que el titular del Ejecutivo español y secretario general del PSOE destaca que la propuesta marroquí de una autonomía, presentada en el año 2007, resulta “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Una propuesta, la marroquí, que apuesta por un “estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”. ¿Pactaron, tal vez, que fuera Marruecos quien diera a conocer el giro de España? ¿Se trató de una filtración interesada del, dicen, fiable vecino?
Con la posición esbozada en la misiva, posteriormente publicada en su integridad por el diario El País, se abandona por completo la neutralidad mantenida hasta el momento por la potencia descolonizadora; y, asimismo, se olvida la legalidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas que instan a la celebración de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro.
En primer lugar, es preciso recordar que la política exterior de cualquier estado democrático es un asunto en el que se exigen elevados consensos para su modificación; de lo contrario cada alternancia en el Ejecutivo estatal podría significar un bandazo en las relaciones exteriores. Y aquí se ha cambiado de golpe la posición española, mantenida desde hace 47 años, por un partido y un dirigente que cuenta con 120 escaños en el Congreso.
El presidente Sánchez lo ha hecho sin comunicarlo a su socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ni a la principal fuerza de la oposición, el PP; ni, por supuesto, al resto de organizaciones políticas con presencia en las Cortes. Ni al Gobierno de Canarias, como representante del territorio más próximo geográfica y emocionalmente al Sahara. Desconozco si pretendiendo conseguir que el asunto tuviera menor relevancia e impacto aprovechando que el foco mediático se encuentra en estos momentos en la guerra de Ucrania o en los problemas por el encarecimiento de la energía y de las materias primas que tanto está afectando a las familias, las empresas y a las propias administraciones públicas. Tampoco advirtió del volantazo a Argelia, con un papel clave en la región e importante suministrador de gas a España, lo que ha llevado a la llamada a consultas a su embajador en Madrid; y a que Argel se plantee redefinir sus relaciones con Madrid, lo que incluye considerar a Italia socio preferente en sus relaciones energéticas con Europa.
Autodeterminación
El cambio pretendido por Sánchez se hace, además, al margen de la legalidad internacional. Naciones Unidas estableció en su momento la necesidad de un referéndum de autodeterminación en la excolonia española, cuya celebración ha sido sistemáticamente boicoteada por Marruecos. Y el pasado año 2021 llamaba a la voluntad política para lograr una solución “realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia”. No parece que apoyar la tesis de una de las partes, como sucede en el caso que nos ocupa, sea coherente con esos mandatos.
La propuesta marroquí, trasladada a Naciones Unidas en abril de 2007, apuesta por un “estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”. Y plantea que el estatuto de autonomía resultante de las negociaciones entre las partes sea sometido a consulta “mediante referéndum de las poblaciones concernientes, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Es decir, limita la autodeterminación a la autonomía del Sahara dentro de Marruecos, sin que puedan plantearse otras salidas, como la independencia.
Las razones que llevan a la aceptación de las tesis marroquíes sobre el contencioso del Sahara son también muy preocupantes. Van mucho más allá de los adornos retóricos sobre la relación histórica y la amistad entre los dos pueblos y la obviedad de que las relaciones deben plantearse desde “el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes y la abstención de toda acción unilateral, para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y para evitar futuras crisis entre nuestros dos países”.
Leyendo la carta y escuchando las intervenciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, parece quedar claro que una de las razones más importantes es, como señala textualmente la misiva, “la cooperación gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”. Lo que supone un reconocimiento del papel del Reino de Marruecos en las sucesivas crisis migratorias y en su capacidad para modularlas. Desde distintos sectores siempre se ha planteado su tibieza, cuando no su complicidad, con las mafias que trafican con personas y que tienen base de salida en su territorio.
La carta de Sánchez a Mohamed VI señala, asimismo, que espera con impaciencia el momento de mantener un encuentro con el Rey de Marruecos para profundizar la relación entre dos países hermanos. Apostando por la concertación y el trabajo conjunto y asegurando que se actuará desde la cooperación y con el objetivo de restablecer “la plena normalidad en la circulación de personas y bienes, en beneficio de nuestros pueblos. Todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países”.
Aguas territoriales
Lo que lleva a dos asuntos. El primero, el reconocimiento implícito de que la integridad territorial de Marruecos pasa por la anexión del Sahara occidental, y que España, con el actual giro, la va a facilitar. La apuesta por la autonomía bajo la soberanía marroquí -de un régimen autoritario, irrespetuoso con los derechos humanos y, lo que es muy importante, sin contar con la opinión del pueblo afectado, al que solo le cabe aceptarla- no es otra cosa que el reconocimiento de la histórica reivindicación de Marruecos sobre el Sahara occidental.
El segundo, que puede haber una lectura añadida, la del reconocimiento de que Marruecos estaba poniendo en cuestión la integridad territorial del Estado español. ¿Se encontraba Marruecos planteando alguna reclamación territorial sobre Canarias? ¿Se refiere al problema de las aguas territoriales y de la mediana? ¿Y a la definición de la zona económica exclusiva? ¿Se solucionarán ahora estos conflictos y corregirá Marruecos recientes decisiones legislativas al respecto de alguno de ellos, como el tema de las aguas? ¿Se llevarán estos asuntos a algún documento de compromiso entre las partes?
Considero que la decisión de Pedro Sánchez es injusta, contraria a la legalidad internacional, intercambia principios por intereses y traiciona a un pueblo con el que España mantiene una deuda histórica; y, además, lo hace con un régimen que no es de fiar, que vulnera los derechos humanos y que en el futuro volverá a apretar las tuercas cuando le convenga. Con la inmigración. Con Ceuta y Melilla. Con Canarias.
La propuesta de Sánchez no convence. Desde luego que no lo hace en Canarias. En el reciente Debate del Estado de la Nacionalidad, el Parlamento canario aprobó distintas resoluciones presentadas por los grupos que llaman al cumplimiento de la legalidad internacional en el Sahara. Entre ellas, por amplia mayoría (con la solitaria abstención del PSOE y ASG, y sin ningún voto en contra), una de Nueva Canarias que insta al Gobierno español a volver al cumplimiento de “las resoluciones de la ONU y exigencia de la celebración del referéndum de autodeterminación, garantizando el respeto a la democracia, los derechos humanos y la libertad del pueblo saharaui”.
Urge una rectificación digna del presidente del Gobierno español. Urge un regreso a la neutralidad entre las partes y al respeto a la legalidad internacional de la que nunca se debió salir. Urge seguir trabajando para conseguir que se cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sahara y que pueda celebrarse un refrendo en el que la pertenencia a Marruecos pueda ser una opción, pero no una salida única, una obligada imposición de terceros sin escuchar la voz del pueblo afectado. Y, sí, aunque algunos parezcan no querer entenderlo, son los hombres y mujeres saharauis los que tienen la primera y la última palabra, los que deben decidir libre y democráticamente su destino.