Rosa pide liberarse del cargo de tráfico influencias en el juicio de Stratvs
El primero de los juicios de la Bodega Stratvs ha comenzado esta mañana con las declaraciones de los acusados a los que se les imputan delitos de prevaricación urbanística y medioambiental, fraude y delitos contra el medio ambiente.
El propietario de Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declare prescritas las acusaciones de tráfico de influencias a las que se enfrenta en el primero de los dos juicios que examinarán las irregularidades de su bodega.
La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado hoy a celebrar el juicio sobre los hechos que se desgajaron de la causa principal del "caso Stratvs", porque en ellos presuntamente participó una aforada, la diputada autonómica Gladys Acuña (NC), en su condición de concejal del Ayuntamiento de Yaiza.
Durante toda esta semana, una Sala presidida por Antonio Doreste juzgará los supuestos delitos cometidos en la construcción y apertura de la bodega Stratvs en La Geria, que la Fiscalía de Canarias describe como el "peor atentado medioambiental" que ha sufrido la isla de Lanzarote desde que es Reserva de la Biosfera.
En esta parte de la causa -el resto del procedimiento se juzgará en la Audiencia de Las Palmas, sin Gladys Acuña-, se sientan en el banquillo diez personas: el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa; la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña; su antecesor, José Francisco Reyes, el exsecretario del Ayuntamiento Vicente Bartolomé y el jefe de la oficina técnica municipal, Andrés Morales.
También tendrán que declarar en calidad de acusados el jefe del departamento de actividades clasificadas del Cabildo de Lanzarote, Manuel Jesús Spínola; el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez; el exconcejal Leonardo Rodríguez (CC) y los exediles Juan Lorenzo Tavío (CC) y Evaristo García (PIL).
La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias sostiene que Rosa consiguió abrir esa bodega -presentada en su momento como "la más moderna de Europa"- con permisos de una ilegalidad "flagrante", gracias a la complicidad del alcalde de Yaiza en aquellos momentos, Juan Francisco Reyes, y la entonces concejal Gladys Acuña.
La investigación llevada a cabo en este caso por el Juzgado número 5 de Arrecife puso de manifiesto que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 m2 en el paraje protegido de La Geria, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 m2 y, parte de ellos, en terrenos ajenos.
En la sesión de esta mañana, la Sala ha escuchado las cuestiones previas planteadas por las partes y ha interrogado al exalcalde Reyes, que solo ha respondido a su defensa, y a Vicente Bartolomé, Andrés Morales y Manuel Jesús Spínola, que han contestado al fiscal y a sus respectivos abogados, pero no al resto de partes.
El Ministerio Público propone penas de tres años de cárcel para Rosa, de tres años y diez meses para la actual alcaldesa de Yaiza, un año y medio el exalcalde, los exconcejales y el exsecretario municipal y dos años para José Antonio Rodríguez. Los técnicos imputados en este juicio se exponen a condenas de inhabilitación.
En las cuestiones previas, el letrado del dueño de Stratvs ha solicitado la prescripción del cargo de tráfico de influencias que hoy se juzga, con el argumento de que se basa en una llamada telefónica que realizó al concejal de Urbanismo de Yaiza el 18 de diciembre de 2008 y ese delito prescribe a los tres años.
También ha solicitado que, en consecuencia, su cliente no tuviera ya que declarar en este juicio, pero la Sala ha decidido valorar la posible prescripción al dictar sentencia, con lo que no ha eximido a Rosa de su obligación de seguir presente en la vista oral.
El letrado del dueño de Stratvs también ha impugnado la presencia en este primer juicio, como acusación, de la familia Negrín, propietaria de parte de los terrenos donde se asienta la bodega. Sin embargo, el TSJC ha desestimado su petición.
La defensa del empresario lanzaroteño también ha aportado como cuestión previa la última sentencia relativa al plan de La Geria.
