El TSJC pide 53 nuevas plazas judiciales y contempla tres refuerzos para Lanzarote
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha trasladado para 2026 al Consejo General del Poder Judicial una petición de 53 nuevas plazas judiciales en el Archipiélago, para hacer frente a una situación que describe como de “necesidad ineludible” y “sobrecarga desproporcionada” en varios órganos. La Sala de Gobierno sostiene que el incremento de la litigiosidad, la acumulación de pendencia y el impacto de las reformas legislativas exigen una ampliación estructural de la planta judicial para garantizar la tutela judicial efectiva.
Según la memoria remitida al Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte del refuerzo se concentraría en la provincia de Las Palmas, donde se solicitan 30 plazas. Entre ellas figuran tres para las secciones civiles de la Audiencia Provincial, otras tres para las secciones penales, una para la Sala de lo Social del TSJC con sede en Las Palmas y un amplio refuerzo para los
tribunales de instancia de la isla de Gran Canaria.
La propuesta incluye nueve plazas para el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuatro para Telde, tres para San Bartolomé de Tirajana, una para Arucas y una para Santa María de Guía, además de tres plazas para Arrecife y dos para Puerto del Rosario.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Sala de Gobierno plantea 23 plazas nuevas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absorbería cuatro nuevas plazas en sus secciones civiles y una más en la sección penal 5.ª, mientras que la Sala de lo Social del TSJC con sede en Santa Cruz recibiría dos.
En los tribunales de instancia, el órgano de gobierno de los jueces en las Islas pide seis plazas para Santa Cruz de Tenerife, dos para San Cristóbal de La Laguna, tres para Arona, una para Güímar, una para Icod de los Vinos, una para Granadilla de Abona, una para Santa Cruz de La Palma y una para Los Llanos de Aridane.
Sobrecarga
El informe insiste en que varias de estas plazas responden a una “sobrecarga estructural” sostenida y a una pendencia que “crece de forma constante”, mientras que otras se justifican por cambios normativos y por la necesidad de reforzar la especialización en materias sensibles, como violencia sobre la mujer o violencia sobre la infancia y la adolescencia. En el informe se repiten expresiones como “colapso”, “estrangulamiento real de los tiempos de respuesta” y “umbral mínimo indispensable” para describir la
situación de algunos órganos.
La Sala de Gobierno concluye que la ampliación propuesta es el “umbral de ampliación estructural estrictamente necesario e irrenunciable” para absorber la carga actual y la que se prevé con las reformas en vigor.
