Tías, Haría, San Bartolomé y Yaiza piden frenar la subida del agua porque castiga a los vecinos

Los alcaldes socialistas de Tías, José Juan Cruz Saavedra, San Bartolomé, Isidro Pèrez y Haría, Alfredo Villalba, junto al alcalde de Yaiza, Oscar Noda de UPI, han advertido formalmente al presidente del Cabildo de Lanzarote que la subida del precio del agua por parte de Canal Gestió carece de garantías jurídicas, está vinculada a la cesión del contrato y compromete gravemente el interés público

El PSOE de Lanzarote ha exigido al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, la retirada inmediata de la subida del precio del agua ante una decisión sin respaldo técnico que traslada a la ciudadanía el coste de una gestión fallida y que carece de las garantías jurídicas necesarias.

Los socialistas han denunciado que el intento de aprobar este incremento tarifario responde a una operación vinculada a la cesión del contrato del ciclo integral del agua, impulsada sin transparencia, sin consenso institucional y sin ofrecer seguridad jurídica a las administraciones públicas ni a la ciudadanía.

En este contexto, los alcaldes socialistas de Tías, San Bartolomé y Haría, junto al alcalde de Yaiza, han advertido formalmente por escrito al Consorcio Insular del Agua de los graves riesgos jurídicos, técnicos y económicos que supone aprobar esta subida en las condiciones actuales.

En el documento trasladado al Consorcio, los alcaldes alertan de que resulta inadmisible encarecer el coste de un servicio que presenta graves deficiencias estructurales, con cortes de suministro reiterados que, según reconoce la propia concesionaria, alcanzan hasta el 61%, el 42%, el 53% y el 49% de los días en sus respectivos municipios.

Asimismo, advierten de que la subida de tarifas se plantea en pleno proceso de cesión del contrato a una nueva empresa, pese a que dicha cesión aún no ha sido aprobada ni cuenta con las garantías jurídicas necesarias. La propia concesionaria remitió una propuesta que incluía una subida de tarifas del 32,68%, lo que confirma que el incremento del precio del agua forma parte de una operación empresarial que puede comprometer el interés público y la seguridad jurídica de las administraciones.

En este contexto, el PSOE de Lanzarote ha denunciado el oscurantismo con el que Oswaldo Betancort ha gestionado este proceso, ocultando información relevante a los municipios y tratando de sacar adelante una decisión de enorme impacto sin la transparencia ni el consenso que exige la gestión de un servicio esencial.

Además, los socialistas han advertido de que esta operación permite que Canal Gestión abandone Lanzarote sin asumir las consecuencias de su gestión, después de haber duplicado las pérdidas en la red de abastecimiento y sin haber ejecutado las inversiones comprometidas en el contrato. A ello se suma el grave deterioro de las infraestructuras, con un mantenimiento claramente insuficiente de los módulos de desalación, dos de los cuales permanecen actualmente fuera de servicio, agravando los problemas de suministro que sufren los municipios de la isla.

La secretaria general  del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha sido contundente al respecto: “Oswaldo Betancort pretende que la ciudadanía pague con una subida del agua las consecuencias de una gestión fallida y una operación sin garantías. No se puede encarecer un servicio esencial mientras se permite que la empresa concesionaria abandone la isla sin asumir sus responsabilidades”.

Corujo ha defendido la actuación de los alcaldes, señalando que “han actuado con responsabilidad y en defensa del interés público, advirtiendo de los graves riesgos jurídicos y económicos de una decisión que no cuenta con respaldo técnico ni garantías suficientes. Frente al oscurantismo y la improvisación de Betancort, nuestros alcaldes han dado la cara para proteger a sus municipios y a toda la ciudadanía de Lanzarote”.

Corujo ha exigido al presidente del Cabildo que rectifique de inmediato y retire una subida del agua que considera injustificada, insistiendo en que “el agua es un derecho básico y no puede convertirse en el instrumento para facilitar la salida de una empresa tras años de incumplimientos. Lanzarote merece una gestión transparente, responsable y centrada en el interés general, no decisiones que solo perjudican a la ciudadanía”.