ADISLAN niega las acusaciones de Natalia Santana y defiende "su labor y profesionalidad"
La entidad ADISLAN ha comunicado en una nota de prensa que desmiente las acusaciones de Santana, de Nueva Canarias, en el Parlamento de Canarias ya que "las afirmaciones relativas a supuestas condiciones de insalubridad, presencia de plagas, deficiencias alimentarias o riesgos para la salud de las personas usuarias son absolutamente falsas". Asimismo añaden que "se hace constar que las imágenes difundidas públicamente no se corresponden con ninguna situación real vivida en los centros gestionados por ADISLAN, constituyendo un elemento adicional de desinformación que contribuye a generar una percepción distorsionada y perjudicial de la realidad del servicio".
ADISLAN afirma que "cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de higiene, seguridad, atención sociosanitaria y calidad del servicio, encontrándose sujeta a los mecanismos de control, inspección y supervisión por parte de las administraciones públicas competentes, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Lanzarote".
"Resulta especialmente grave la imputación de conductas que, además de ser falsas, afectan directamente a la dignidad de los profesionales que trabajan en ADISLAN. Las manifestaciones realizadas suponen un cuestionamiento injustificado del trabajo, la ética y el compromiso de los profesionales que, con elevada cualificación y vocación, atienden diariamente a personas con discapacidad. Este tipo de declaraciones no solo lesionan la imagen de la entidad, sino que generan un daño reputacional directo sobre sus trabajadores y trabajadoras, poniendo en entredicho su profesionalidad sin fundamento alguno".
La entidad reclama también en su comunicado que "debe subrayarse igualmente el grave perjuicio que estas manifestaciones ocasionan a la tranquilidad, confianza y seguridad de las familias de las personas usuarias, quienes depositan en esta entidad el cuidado y atención de sus seres queridos. La difusión de informaciones falsas o no contrastadas genera alarma innecesaria, angustia y desconfianza, afectando de manera directa a la tranquilidad y relación de confianza esencial para la correcta prestación del servicio".
Así como piden aclarar "las afirmaciones sobre supuestos despidos vinculados a la acción sindical u otras causas improcedentes, se rechazan de manera categórica. Los procesos de desvinculación laboral que se han producido en la entidad están relacionados con comportamientos y actitudes contrarios a los valores de la organización y, especialmente, con conductas que vulneran o pueden comprometer los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas usuarias. En ningún caso responden a represalias ni a vulneración de derechos fundamentales". Finalmente, la entidad considera especialmente "inadecuado el tono empleado en la exposición pública de dichas manifestaciones, que ha resultado claramente desmedido, impropio del necesario rigor institucional. Este tipo de intervenciones contribuyen a amplificar el daño reputacional causado y a generar una alarma social injustificada".
"La difusión de informaciones no contrastadas, especialmente desde una posición institucional, tiene una responsabilidad adicional al generar alarma social, desinformación y un perjuicio evidente a una entidad financiada con fondos públicos que presta un servicio esencial", señala ADISLAN.
