Vecinos Unidos advierte de un nuevo caso Ginory
Arrecife ‘deja pasar’ el plazo para la personación en una causa de expropiación
El procedimiento afecta a una parcela calificada como sistema general en el Plan General en vigor, el SG-9, donde se alza el colegio Mercedes Medina.
El Ayuntamiento de Arrecife, “una vez más, ha vuelto a dejar vencer un plazo judicial en un procedimiento de expropiación que lleva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al no avisar a la abogada designada ocho meses antes de que ella iba a llevar el caso”. La denuncia parte de Vecinos Unidos, que advierte que podríamos estar ante “un nuevo caso Ginory, si nada lo remedia”.
El procedimiento de expropiación afecta a una parcela calificada como sistema general en el Plan General en vigor. El SG-9 aparece como suelo urbano consolidado el borrador de la revisión del Plan General Supletorio. En esta parcela se alza el CEIP Mercedes Medina.
Todo comenzó el 19 de junio de 2017, relata Vecinos Unidos, cuando el Ayuntamiento de Arrecife solicitó los servicios de una abogada para la defensa del Ayuntamiento en procedimiento de expropiación interpuesto por Rosario Cabrera Tavío e Hijos, SL, ante TSJC contra acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias. Dos días después, la letrada presentó el presupuesto de sus servicios, pero, desde esa fecha, la abogada no recibió notificación alguna sobre la oferta, llegando a considerar que “el procedimiento lo estaría llevando otro profesional teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la presentación de la oferta sin noticias”, según Vecinos.
“El plazo para contestar a la demanda está precluido desde el 30 de enero de 2018”
Sin embargo, el pasado 21 de febrero de 2018, la letrada recibió el “decreto de nombramiento de abogado para el procedimiento antedicho. Ese mismo día, la letrada se puso en contacto con la Sala del TSJC que lleva el procedimiento, y le comunicaron que “el plazo para contestar a la demanda está precluido desde el 30 de enero de 2018”. Es decir, que “en esta fase procesal ya no se puede proponer prueba ni aportar documental, por lo que las posibilidades de defensa son muy reducidas”.
Así las cosas, al día siguiente, el 22 de febrero, la abogada renunció porque “no me parece ético, ni profesional ni moralmente, realizar una personación a efectos de recibir simples notificaciones del tribunal, sin posibilidad de contestar a la demanda de la otra parte”. Advirtiendo que “se deberían depurar responsabilidades y establecer protocolos para que estos hechos no vuelvan a suceder en el futuro y no se comprometan los intereses generales que debe defender la institución”.
El pasado 7 de marzo, durante la celebración del Pleno Ordinario, el concejal de Vecinos, Andrés Medina, interpeló a la alcaldesa sobre el asunto. Y, “como ya es habitual en ella, el mutismo fue su respuesta”, asegura esta formación, para la que, el Ayuntamiento “debería desplegar, con todos los recursos jurídicos y técnicos posibles, la representación de la posición municipal en la Comisión de Valoraciones de Canarias”. Este sería el paso previo para, con posterioridad, “impugnar todos los acuerdos de la citada Comisión y llevar una defensa activa de sus intereses, con una personación rápida en todos los procedimientos judiciales que se le comuniquen”. Y ello, teniendo en cuenta que “están en juego los intereses generales del municipio, y las arcas municipales”, concluye Vecinos.
