Plan General de Arrecife, de supletorio a fraude democrático

Hace casi seis años, el Pleno del Ayuntamiento aprobó suscribir un Convenio con la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias por el cual esta última asumía la competencia municipal de redactar y aprobar la ordenación urbanística de la ciudad. Tenía sentido entonces, ya que el incumplimiento de los plazos de adaptación de los Planes Generales a las Directrices de Ordenación General por parte de numerosos municipios canarios dio lugar a la creación de los planes supletorios. No son otra cosa que una vía rápida para aprobar un Plan General de Ordenación.

 

Por lo tanto, los planes supletorios tratan de revisar y actualizar el planeamiento de los municipios mediante una tramitación más sencilla y ágil, acortando los tiempos y simplificando los contenidos. En cuanto a los plazos, se suprime la aprobación provisional. En cuanto a los contenidos, en un primer momento se limitaban a la ordenación estructural y a aquella ordenación pormenorizada que resultara necesaria, tan solo, para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios.

 

 

Arrecife lo vio claro y se apuntó al carro. El entonces alcalde de la ciudad, Manuel Fajardo Feo, lo dejó sentado, cuando dijo: “La ciudad dispondrá de un ordenamiento aséptico, destinado a resolver los grandes problemas urbanísticos y sin directrices políticas, más allá de la ambición por contar con un diseño con vocación de futuro y visión global del conjunto urbano”. Ese fue el pacto.

 

Pero, qué no sospecharía Fajardo Feo que incorporó una adenda al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Política Territorial para la redacción del Plan General con carácter supletorio. La adenda faculta al Ayuntamiento para exigir a la Consejería, entre otras cosas, que el Plan se tramite y apruebe “conforme a los criterios de ordenación que, en su caso, hayan sido indicados por el Ayuntamiento durante su intervención en cada fase del procedimiento”, subrayando que el Ayuntamiento participará “en todo momento” en el proceso de elaboración del Plan, insistiendo en que debe existir “consenso” entre ambas partes para su aprobación definitiva.

 

Cuando tiene la condición de supletorio, un Plan General se tramita, se aprueba inicial y definitivamente y entra en vigor con una simple Orden de la consejera de Política Territorial del Gobierno autónomo. Por lo tanto, en su contenido y en su aprobación no pintan nada ni los ayuntamientos ni los plenos municipales, con la única excepción de Arrecife en toda Canarias. Bendita adenda…

 

 

Por un momento se creyó que la ciudad vería revisado su planeamiento en el plazo de unos dos años y, en todo caso, antes de las elecciones locales de 2015. Hasta ahí todo bien, porque los planes supletorios eran en aquel momento excepcionales y provisionales. Sin embargo, tras una reforma legislativa posterior, aquella situación excepcional se convirtió en ordinaria, al permitir a los planes supletorios abordar en detalle la ordenación pormenorizada. La modificación tuvo lugar con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

Más tarde, Gesplan, la empresa contratada para redactar el Plan de Arrecife, entrega en 2014 un documento de aprobación inicial que es sometido a información pública. Pero los errores cometidos son de tal calibre que obligan volver al punto de partida. En 2016 se presenta otro documento, que desaparece de puntillas de la escena. Hasta que llega el actual, de enero de este año.

 

¿Y dónde está el fraude democrático? La prometida vía rápida lleva casi seis años de tramitación, pero el Plan General de Ordenación de Arrecife no cuenta ni con la aprobación inicial. Por el camino, los supletorios se han convertido en planes completos, quedándose al margen de sus trascendentales contenidos tanto la ciudadanía como su legítimo representante, el Pleno municipal.

 

 

Además, los Supletorios como el de Arrecife vienen a sustituir los procedimientos del planeamiento tradicional que estaba en manos de los ayuntamientos. Al acortarse los plazos, hay menos información y menos participación pública, con lo que lo que el Ayuntamiento y la población pierden el control democrático de la ordenación de su territorio. Y ello, a pesar de las cláusulas incorporadas al Convenio suscrito con la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para la redacción de este PGOA-S.

 

Sin embargo, quienes sí han estado al tanto de los más mínimos detalles del Plan General son la Consejería de Política Territorial del Gobierno regional y Coalición Canaria. Esta última formación porque gobierna en las Islas y porque ostentó la delegación de la Concejalía de Urbanismo de Arrecife hasta el día anterior a la finalización del Plan. Nadie más. Bueno sí, alguien más: aquellos que tienen acceso a los despachos de Coalición.

 

El fraude radica en que el supletorio, algo bueno en principio, se ha convertido en un mecanismo de control absoluto y exclusivo de la revisión del planeamiento municipal por parte de quienes no gobiernan legítima y democráticamente en Arrecife. Un mecanismo que reduce la participación ciudadana a una pantomima y convierte a los concejales del Pleno en libre oyentes. Un mecanismo para que una extrema minoría imponga su Plan y sus intereses. Un mecanismo por el cual lo más trascendente en una ciudad, su ordenación territorial y urbana, está en manos ajenas.

 

Este es un Plan cocinado en una mesa camilla. Si no llega a ser por la antedicha adenda, ya nos los hubiésemos comido con papas. Qué no sabría Fajardo Feo de su propia gente cuando incorporó la adenda…