El PP le recuerda a San Ginés los 12 varapalos judiciales recibidos con la desaladora
Saray Rodríguez: “Serán los ciudadanos los que, por capricho del presidente, deban asumir los costes de los recursos interpuestos”.
La portavoz adjunta del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, Saray Rodríguez, ha aprovechado la comparecencia plenaria sobre el expediente sancionador a Club Lanzarote para dar cuenta de las 12 sentencias emitidas hasta el momento tras la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Rodríguez ha hecho un repaso, desde junio de 2015 hasta la actualidad, explicando los 12 varapalos judiciales recibidos por el Cabildo, algo que par los populares "desgraciadamente ha sido necesario para que el presidente haya reconocido hoy que la clausura de la desaladora de Club Lanzarote se hará cuando y cómo lo diga un juez”.
En este sentido, Rodríguez ha afirmado que “dentro del disparate que estamos viviendo les alegra ver que el presidente ha aprendido, tres años más tarde, lo que ya sabían los ciudadanos de esta isla, como es el hecho de que no se puede incautar una planta al más puro estilo chavista como así se hizo y han reconocido los tribunales”.
Los populares también han cuestionado al presidente por los motivos en los que en 2014 se recurrió a "la patada en la puerta en lugar de iniciar un procedimiento administrativo sancionador". Al respecto, Rodríguez preguntó al presidente: "¿Por qué presume tanto ahora de la resolución del Gobierno de Canarias y de la unanimidad y el criterio de los nueve letrados que la avalan y no lo hizo antes de decidir asaltar la desaladora sin ninguna autorización?"
Para el grupo popular “es momento de que el grupo de gobierno en su conjunto, más allá del presidente, se replantee su estrategia y pare ya los recursos" porque "las aventuras del presidente en los tribunales de justicia no perjudican a San Ginés, sino que están perjudicando a todos los ciudadanos".
Rodríguez señaló que lo mismo que pasa con la desaladora, pasa también con la Cueva de los Verdes: "dos asuntos en los que el presidente ha actuado de forma arbitraria y unilateral, sin medir las graves consecuencias, de lo que se concluye que San Ginés ha ensuciado el buen nombre de la institución con su proceder y con su obsesión por recurrir cada una de las resoluciones judiciales que le han sido desfavorables".