El presidente plantea la hoja de ruta del Plan para la Reconstrucción de Canarias
La idea se justifica en la situación de las Islas, con una coyuntura de quiebra económica y social que precisa de un acuerdo global dirigido a desarrollar una estrategia común.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizó en distintas reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios y con los representantes de la Fecam (ayuntamientos) y la Fecai (cabildos) la guía de trabajo que servirá para definir y luego aprobar el Plan para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una iniciativa que propuso el propio Torres en el Parlamento de Canarias el 14 de abril pasado.
Torres además aseguró en esas convocatorias que el Gobierno tiene previsto presentar la semana próxima el documento base sobre el futuro Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de las Islas. Ese será el punto de partida de otra fase en el proceso de participación, análisis y búsqueda de amplio consenso que se espera concluir, ya con el documento final de ese pacto avalado por todos los intervinientes, en el mes de mayo próximo.
Una alianza de la sociedad de las ocho islas que mejore el bien común
En la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, se planteó la necesidad de impulsar un acuerdo político, social y económico a favor de la reconstrucción de las Islas y por su impacto negativo en la principal actividad productiva de las Islas: el turismo. Ese pacto, subrayó Ángel Víctor Torres, debía concebirse como “un proceso de consenso vinculado a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias, a los agentes sociales y económicos locales, y a la sociedad civil en general”.
La idea se justifica en la situación de las Islas, con una coyuntura de quiebra económica y social que precisa de un acuerdo global dirigido a desarrollar una estrategia común para afrontar y salir del momento ocasionado por la mayor amenaza mundial de salud pública que jamás antes se haya vivido. El presidente de Canarias calificó este proceso como un “desafío extraordinario que exige una respuesta unida, única y ambiciosa para salvaguardar nuestro modelo económico y social, y para proteger a nuestros ciudadanos. Para que nadie se quede atrás”, observó Torres.
Ese futuro pacto debe comprometer a todos sus firmantes y luego tiene que ser defendido ante instancias superiores en el plano administrativo: el Gobierno de España y la Unión Europea. Se trata pues de “una alianza o acuerdo de la sociedad de las ocho islas, que sin duda demanda todos los esfuerzos para aportar propuestas individuales que mejoren el bien común”.
Se ha establecido como límite para su concreción el mes de mayo
El espíritu de consenso y la voluntad de cooperación que el Gobierno de Canarias ha mostrado desde el inicio del estado de alarma están en la base del futuro Pacto para la Reconstrucción. El pacto no será solo político y económico, sino también social. Su valor y eficacia dependerán de que, junto a los agentes sociales, se sumen amplias organizaciones del tercer sector e incluso los colegios profesionales, entre otras instituciones.
Tras la entrega del documento base del Pacto para la Reconstrucción, se propondrá una reunión de los grupos acerca de esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. Además, para conseguir el objetivo de cerrar ese plan, se establecería un periodo de presentación de correcciones, alegaciones o enmiendas por parte de los agentes intervinieres y se concretaría un mecanismo de trabajo directo y permanente entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos para dar con la redacción del documento aceptado por la partes.
Luego, ese documento se sometería a la consideración última de los potenciales firmantes del Pacto, para su ratificación definitiva. Todo ese proceso se prevé desarrollar en un lapso de varias semanas, y se ha establecido como límite para su concreción el mes de mayo. Una vez cerrado el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, debe ser plasmado y desarrollado en un programa que aprobaría el Gobierno de Canarias antes de ser elevado al Parlamento Autónomo para su ratificación final. Cuando eso se produzca, podrá ser remitido de forma oficial al Gobierno de España y a las instituciones pertinentes de la Unión Europea.
