Torres aludió a la posibilidad de que "se pueda adelantar alguna isla a la fase 2"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó hoy, domingo 10 de mayo, en la novena convocatoria de la conferencia de presidentes y presidentas de las comunidades autónomas realizada por el titular del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde que se aprobara en España, el 14 de marzo pasado, el estado de alarma por la COVID-19.

El titular del Ejecutivo autonómico consideró como “importante” que el estado de alarma se haya prorrogado en el Congreso de los Diputados porque ello garantiza la adopción por parte del Gobierno español de “medidas extraordinarias, administrativas y de otra índole con todas las garantías jurídicas”.

Respecto a la orden ministerial reciente que introduce cambios en la movilidad aérea y marítima en Canarias, la publicada hoy en el BOE por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el presidente de Canarias avanzó que se ha detectado una “incoherencia” respecto a la norma de ayer del Estado, la del paso a la fase 1 de desescalada. Consiste, según expuso Torres, en que la orden de este domingo, en lo que se refiere a embarcaciones de recreo, habla del ámbito municipal, mientras que la de ayer alude al ámbito insular, que debe ser el correcto. También se refirió a mejorar y buscar una salida para las actividades de la pesca respetando las medidas sanitarias.

Posibilidad de que se definan franjas horarias de paseo sólo para las personas más vulnerables

Sobre el proceso de desescalada, en la fase 1 a partir del lunes 11, el presidente de Canarias propuso que, “visto lo visto” estos días, sería conveniente que la práctica del deporte se lleve a otra franja para evitar aglomeraciones en las horas actuales. También habló de la posibilidad de que se definan franjas horarias de paseo sólo para las personas más vulnerables, para así evitar la presencia humana masiva en los intervalos que ahora se aplican para el resto de la población. A ello unió la opción de flexibilizar el paso de una fase a otra dentro de la cogobernanza, y aludió a la posibilidad de que en Canarias incluso se pueda adelantar alguna isla a otra fase 2 si las cosas van a mejor, solo cuando sea el momento”.

A la parte relacionada con la financiación de las comunidades, el presidente Torres dijo en primer lugar que “aplaudimos” la llegada de fondos del Estado, “que nos vienen bien, mucho más si son fondos no reembolsables”, como es el caso de los 16.000 millones de euros.

Junto a estas consideraciones, el titular del Ejecutivo autonómico se mostró a favor de que la distribución de esa partida se haga siguiendo parámetros objetivos, “algo que no se discute, que no es fácil ni nada sencillo”, y en este punto pidió que, dentro del modelo que se diseñe para distribuir los 10.000 millones de ese total con destino a cuestiones sanitarias, se incorpore la variable PCR realizados en cada comunidad autónoma, no solo los PCR positivos, que esta magnitud ya aparece de forma indirecta en los aspectos considerados de camas ocupadas en los hospitales y plazas UCI utilizadas por la COVID-19. El presidente destacó que a 30 de abril se habían practicado ya más de 66.000 PCR en Canarias y fue tajante: “creemos hay que tenerlos en cuenta en ese reparto”.

El presidente pidió que “se halle una solución” porque esos tributos canarios representan casi el 20% del capítulo de ingresos en el Presupuesto de Canarias, por algo más del 7% de promedio en otras comunidades. A ello unió otra demanda varias veces repetida, ésta en relación con los 5.000 millones de euros para compensar la reducción de ingresos fiscales en las comunidades autónomas.

La mayor pérdida de ingresos fiscales en Canarias, con sistema tributario diferenciado, “debe compensarse"

En este último apartado, Torres dejó claro que la mayor pérdida de ingresos fiscales en Canarias, que posee un sistema tributario indirecto diferenciado del resto de España, “debe compensarse” no solo a través de los impuestos cedidos por el Estado (Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales), sino teniendo en cuenta el mayor impacto de la crisis en la recaudación fiscal canaria debido a la existencia de los impuestos indirectos del REF (sobre todo IGIC -sin el IVA- y AIEM) y de los tributos propios de Carburantes y Tabaco. El presidente pidió que “se halle una solución” para esto, principalmente porque esos tributos canarios representan casi el 20% del capítulo de ingresos en el Presupuesto de Canarias, por algo más del 7% de promedio en otras comunidades de régimen común.

La petición de que se autorice el endeudamiento público de la Administración autonómica se puso de nuevo sobre la mesa, a lo que se unió el acceso a los superávit y a los remanentes de Cabildos y ayuntamientos, fondos públicos que se defendió que deben ser gestionados por esas mismas administraciones en medidas relacionadas con los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Otra cuestión fue la que este consideró “como la más importante y mejor medida de todas” en el ámbito económico y social: la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor. Sobre este particular, Torres afirmó que es una acción que “evita la quiebra social” y supone “el mayor esfuerzo para la preservación del empleo” durante la crisis. El presidente aludió a la dependencia que las Islas tienen del turismo, valoró el acuerdo en la mesa social del jueves pasado para la prórroga hasta el 30 de junio y apostó porque Canarias se pueda seguir beneficiando de esa medida mientras la actividad turística no se recupere del todo. Actualmente, Canarias recibe del Estado unos 340 millones de euros al mes destinados a financiar las prestaciones por desempleo de algo más de 200.000 trabajadores con ERTE.

Sobre la actividad económica principal en Canarias, Torres se inclinó por que los viajes de turistas hacia las Islas se activen “cuando sean seguros” porque haya “test en origen” y porque la normativa sobre seguridad sanitaria sea europea. En último lugar, el presidente se refirió al proceso de negociación de un Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una iniciativa que se debe apoyar en la existencia de un marco presupuestario preciso por parte del Estado, “para saber con qué recursos va a contar” el plan de acciones que resulte de ese pacto.