Sigue sin fecha el juicio contra el acusado

Demoledora queja de la abogada de la familia de Romina Celeste contra el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife

Un año para una pericial de unas tijeras, otro año para un informe psicológico y cinco meses sin apenas actividad en la instrucción, algunos de los motivos de la queja
Demoledora queja de la abogada de la familia de Romina Celeste contra el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife

Los abogados Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez, representantes de la familia -madre y hermanos- de la infortunada Romina Celeste, la mujer que fue presuntamente asesinada y, con posterioridad, descuartizada y quemada en una barbacoa y cuyos restos fueron arrojados al mar en distintas zonas de la isla, han presentado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial, por medio del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el escrito, de seis folios, los letrados cuestionan la instrucción del caso, para el que todavía no hay fecha de juicio, y en el que el principal sospechoso, Raúl Díaz Cachón, marido de Romina en el momento de producirse los hechos, está en libertad tras haber agotado el plazo legal de prisión preventiva.

Zaballos rechaza la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha hecho sobre la instrucción y que ha concluido sin que se determinaran responsabilidades en los juzgados de Arrecife. La opinión de los letrados de la acusación es radicalmente opuesta. Y lo argumentan en el escrito de queja.

Un año para una pericial "irrelevante" de unas tijeras

Así, tras relatar lo acaecido tras la inmediata detención de Díaz Cachón y las diligencias que se efectuaron a lo largo de 2019, Zaballos señala que a partir de 2020 "entramos en una situación kafkiana que ha provocado una serie de dilaciones injustificadas, además de una actividad por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife absolutamente relajada"

Una de las pruebas que aportan es la pericial para determinar si unas tijeras halladas y compradas por el investigado eran o no aptas para cortar carne humana y trocear el cadáver" de Romina Celeste. Los abogados escriben que "el Juzgado, en Providencia de 8 de enero de 2020, encarga informe pericial sobre esto, en fecha de 1 de abril de 2020 se oficia a la entidad bancaria para ver si se sacaron 100 euros de un cajero para comprar esas tijeras; en fecha de 25 de junio de 2020 se vuelve a acordar sobre pericial de las tijeras mediante Providencia; el 24 de julio de 2020 el perito designado acepta el cargo sobre la pericial de las tijeras; el 9 de octubre de 2020 el Juzgado envía al perito recordatorio que está pendiente de recibir el informe sobre las tijeras; nuevamente el 11 de noviembre de 2020 se vuelve a insistir por el Juzgado en la pericial sobre las tijeras; así hasta ya entrado el año 2021, en el que de nuevo, y de forma surrealista, el 8 de abril de 2021 se insiste sobre la pericial de las tijeras por el Juzgado, gastando plazos y esfuerzos".

Zaballos califica de "intolerable" que el Juzgado "haya entrado en el juego de la práctica de la prueba de las tijeras, que tenía como objeto el dilatar; también es intolerable que el Ministerio Fiscal, quien debe de velar por la legalidad en el procedimiento, haya consentido que más de un año se haya limitado, prácticamente, a la diligencia de las tijeras, cuyo fin era irrelevante, ya que la carne humana asada de Doña Romina Celeste podía haberse cortado con cualquier utensilio, y que lo que se encontró únicamente fue un trozo de pulmón, cuyo perfil genético coincidía con el de la víctima".

"Aquí" -señalan los abogados- "se produce una actividad dilatoria innecesaria, más aún teniendo en cuenta que el perito de las tijeras tuvo que ser requerido en varias ocasiones y ni siquiera se le amonestó por el Juzgado de Instrucción".

Otro año para un informe psicológico, "igualmente irrelevante"

Si 2020 se perdió con la práctica de la prueba de las tijeras, 2021 se desperdició con otra cuestión. Previo cambio de abogado por parte de Díaz Cachón, la defensa solicita un informe psicológico del investigado, "otra de las diligencias de prueba que resultan irrelevantes, ya que no es un informe psiquiátrico que pudiera afectar a la culpabilidad o a las circunstancias a la hora de imponer la pena", dice Zaballos.

Se produce la petición en diciembre de 2020 "y de forma sorprendente el Juzgado espera cuatro meses y acuerda el 26 de abril de 2021 mediante Providencia requerir al investigado para que diga en qué fecha de le viene bien que le visite el psicólogo".

A lo anterior la defensa responde que el informe se haga en la tercera semana de mayo de 2021. La realidad es que ni siquiera en mayo se hace la pericial y la declaración del investigado, prevista para el 24 de mayo de 2021 se termina por suspender, por faltar esta pericial psicológica.

El escrito de queja relata que "se hace la pericial psicológica, pero es tan desafortunada, por centrarse más en la víctima y en su pasado como prostituta que en el acusado, que el Juzgado la rechaza y se pide otra nueva y la propia psicóloga renuncia finalmente. Aquí hay mala fe de la defensa y un ánimo dilatorio claro, que tanto el Ministerio Fiscal como el Juzgado consienten, entrando en el juego que plantea la defensa".

En sendas Providencias de 27 de septiembre de 2021 y de 3 de diciembre de 2021 vuelve a acordarse sobre la prueba psicológica del investigado. "La cual era meramente circunstancial, sin tener relevancia alguna para el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad del acusado, como hemos puesto de manifiesto, y todo permitido por el Juzgado de Instrucción que la acordó tarde desde que se pidió en 2020, la acordó mal, por las continuas resoluciones que se suceden, y luego no veló porque esta prueba no dilatara el procedimiento, sino que entró en las tácticas de la defensa para dilatar todo el proceso", dice Zaballos, que se queja de que el Ministerio Fiscal en ningún momento interviene "para asegurar el orden, la legalidad y reconducir el procedimiento con el objetivo de la prioridad de una causa ante el Tribunal Jurado y con preso".

El informe psicológico del investigado, finalmente, se tiene por aportado el 8 de septiembre de 2022. Han pasado casi dos años desde que se solicitó.

Cinco meses sin actividad en el sumario

En fecha de 2 de febrero de 2022 se desestiman los recursos que había formulado la defensa contra una serie de diligencias de prueba solicitadas. "Este es el momento en el que debió de cerrarse la Instrucción", señala la acusación, "máxime si el Juzgado diligentemente se hubiera percatado que gran parte de los años precedentes 2020 y 2021 habían sido tiempos perdidos".

Aquí "vuelven a trascurrir cinco meses sin apenas actividad", hasta que se emplazan a las partes mediante Auto de fecha de 2 de julio de 2022 y el día 29 de agosto de 2022 finalmente se acuerda el Auto de apertura del Juicio Oral. "Resulta incomprensible toda esta primera mitad del año 2022 donde se ha perdido un tiempo precioso", se señala en el escrito.

En el mes de septiembre de 2022 "nos personamos las partes en el Tribunal Jurado, pero el juicio estaba lejos de celebrarse aún, ya que la defensa aprovechó el tramite de cuestiones previas para provocar una vista y una serie de recursos que se sucedieron. Lo cierto es que la Audiencia Provincial no señaló vista para las cuestiones previas hasta el 24 de noviembre de 2022".

Las cuestiones previas fueron desestimadas mediante Auto de 1 de diciembre de 2022, que fue recurrido por la defensa el 19 de diciembre de 2022. Los autos se encuentran actualmente en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria.

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