Dudas en los casos mediáticos: Fiscalía inquiere en Stratvs y San Ginés se sentará en Arrecife
Dos de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos, Stratvs y el de la desaladora de Montaña Roja, finalizaron de modo muy llamativo. Con la absolución de todos los acusados, el primero, y con el cambio de plaza, el segundo. Pero en las últimas 24 horas han dado un nuevo giro.
La Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito de aclaración de la sentencia del "caso Stratvs" de la Audiencia de Las Palmas que absolvió a los 11 acusados de las numerosas ilegalidades que les imputaba en la construcción de la bodega que da nombre al proceso, construida en el paisaje natural protegido de La Geria, en Lanzarote.
En un escrito que ha sido facilitado a Efe, el Ministerio Fiscal considera que en la sentencia faltan hechos de la causa, no analizó determinadas pruebas y tampoco recoge modificaciones de la acusación pública que se incluyeron en las conclusiones finales, en relación a cuatro de los acusados, entre ellos, el dueño de la bodega "Stratvs", Juan Francisco Rosa, y la empresa BTL, propietaria de la misma.
Así, desde la Fiscalía se pide que se aclaren hechos imputados al acusado Rosa, al que se juzgó por delitos de usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, que afectaron de manera grave al espacio natural protegido, así como el delito de hurto que se omite en los hechos probados.
Las otras aclaraciones que exige se refieren al arquitecto que diseñó la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, a quien acusó de los delitos de falsedad en documento oficial de manera continuada, de usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico -también con afectación grave del espacio protegido- y contra el medio ambiente.
Sobre el acusado José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, al que imputó un delito continuado de prevariación medioambiental, también entiende la Fiscalía que se ha omitido "cualquier intervención" del procesado en los mismos, pese a que su conducta delictiva se describe en el escrito de acusación.
Del procesado Blas Noda González, encargado del Catastro de Yaiza, y acusado de un delito de falsedad de documento oficial, incide de nuevo en que omite la descripción de los hechos calificados por la Fiscalía.
En cuanto a la mercantil BTL Lanzarote, el Ministerio Fiscal imputaba los delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, ambos con afecciones graves sobre el paisaje de La Geria.
Mientras se resuelve esta solicitud, dejará de computar el plazo previsto para recurrir el fallo, por lo que el Ministerio Fiscal esperará la respuesta de la Audiencia para adoptar su decisión.
La Fiscalía de Medio Ambiente pedía en su escrito de conclusiones, entre otras penas, hasta 15 años de prisión para Rosa, promotor y dueño del recinto, además de la demolición de las instalaciones, que entendía el mayor atentado medioambiental cometido en la isla, mientras que la acusación popular ejercida por la asociación Transparencia Urbanística reclamaba 21 años de cárcel
Pedro San Ginés volverá al banquillo de los acusados en Arrecife
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado devolver el caso por la incautación de la desaladora de Montaña Roja al Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, de donde procede, tras que la jueza del mismo decidiera inhibirse el pasado 17 de noviembre tras las advertencias lanzada por la defensa del principal acusado, el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, acerca de la falta de competencias del órgano judicial capitalino ante las penas que se solicitan para el incriminado. Recordemos que se solicita un total de 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación.
San Ginés, por su parte y fiel a su norma de reinterpretar todo aquello que hable de él, ha vuelto a emitir un comunicado en el que, al margen de las consabidas citas a los medios de comunicación que informan de su situación procesal, afirma que sus abogados “han interpuesto ante la Audiencia Provincial una solicitud de nulidad, previa a la interposición de recurso de amparo, y que adoptaré cuantas medidas indiquen mis servicios jurídicos para ser juzgado donde me corresponda para defender tanto mi inocencia, como la falta de legitimidad como acusación popular o particular de los ex consejeros del Grupo político Podemos”.
Esto último ya aclarado en las cuestiones previas del juicio que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre y que habrá que esperar en qué punto se retoma o si ha de empezar de nuevo. De momento la acusación particular ya ha pedido que sea “cuanto antes”.
