La justicia que agoniza
Desde el 24 de enero, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), están ejerciendo su derecho de huelga, poniendo la guinda en el pastel, en uno de los peores momentos de la justicia española. En mis 27 años de ejercicio profesional, nunca vi cosa igual. El COVID 19, paralizó el sistema y una vez eliminadas las restricciones, con inexplicable retraso, la activación rápida y ágil esperada, no llegó; lo cierto, es que la huelga empezó con un atasco de meses, los procedimientos no avanzan y la justicia sufre un descredito generalizado.
No ayuda mucho el vodevil en el que se han visto inmersos el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial, que le debemos, no sólo a los partidos principales del arco parlamentario, sino también a los propios jueces. En algunos casos, han permitido ser las marionetas en manos de los intereses ideológicos de unos y otros, vulnerando no sólo el principio básico de la separación de poderes sino el de la independencia y respeto por la toga con puñetas que visten, con la autoridad que no solo representan, sino que ejercen.
La justicia en España se ahoga en un sistema antiguo, burocrático, alejado de la ciudadanía y que no resuelve sus problemas. La responsabilidad de esta situación la tienen los sucesivos gobiernos y parlamentos, absolutamente incapaces de regular un sistema todo lo ágil y eficaz, que tamaño derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva, requiere. No han sido capaces porque en realidad, la justicia y la seguridad jurídica, aún siendo el eje central de un estado de derecho, no da votos, ni prestigio y afecta a un pequeño porcentaje de la población. Salvo para el amarillismo de los casos más escabrosos, donde el oportunismo político siempre hace su entrada triunfal, lo demás no interesa a nadie.
Hablar de justicia es siempre complejo, en un país donde de la pedagogía jurídica no existe -a pesar de que casi toda nuestra vida está sometida a la ley- y donde todo el mundo opina sin tener ni idea, se convierte en una quimera. La gravedad de las consecuencias de la huelga es inversamente proporcional a su repercusión pública pero aún a riesgo de recibir ataques - tiempos difíciles para dar una opinión- me veo en la necesidad de explicar las consecuencias diarias de lo que está ocurriendo, de lo que nos está ocurriendo.
Por una parte, tenemos una parálisis casi total en los tribunales, no se están celebrando juicios, salvo excepciones, se están suspendiendo mayoritariamente, dicen que unos 280.000, ya les digo yo, que las cifras están maquilladas, y eso a pesar de que hace años que los LAJ, a petición suya, no están presentes en la celebración de los mismos. Las suspensiones se avisan casi en el mismo momento de la celebración, por lo que ciudadanos, abogados, procuradores y peritos, se trasladan a los tribunales para nada, con el consiguiente trastorno económico y de toda índole que eso conlleva, sobre todo en el caso de las partes y testigos.
Frente a la lógica queja de los afectados, los tribunales manifiestan que los huelguistas están en su derecho, por lo que en momentos así, no puedo dejar de pensar que efectivamente en España, hay ciudadanos de 1ª y 2 ª, y no son precisamente los empresarios del IBEX. Mientras, se suspenden miles de juicios en todo el país, los expedientes se amontonan y el dinero -porque una de sus funciones, es la de gestionar el dinero- se quedan en las cuentas corrientes judiciales. Hace unas semanas se llegó a un acuerdo para que los LAJ, procedieran entregar las cantidades de dinero embargadas en concepto de pensión de alimentos, pero la lista de dinero que administran en distintos conceptos, indemnizaciones por accidentes, impago de rentas, recobro de deudas, salarios impagados…, es interminable, ni que decir tiene que es un despropósito que esas cantidades, propiedad de la ciudadanía, estén “secuestradas” en un sentido metafórico, pero como llamar si no a la no emisión de los pagos, como medida de presión utilizada por los LAJ.
Frente a todo eso, los abogados y procuradores, pertenecientes a esa raza en extinción que somos los autónomos, nos las vemos cada mes, para sacar adelante nuestros despachos y nuestras casas. La leyenda urbana de que los abogados españoles tenemos una enorme solvencia económica, es incierta e injusta, y somos muy responsables de que parte de la ciudadanía piense así. Nosotros hemos sido incapaces de trasladarle a los ciudadanos, la esencia de nuestro trabajo, sus dificultades y que, en definitiva, es una labor, que depende en gran parte de que otros hagan bien su trabajo y de que los tribunales funcionen. No debe avergonzarnos decir que son tiempos difíciles, que llevamos muchos años duros y que algunos de mis compañeros, incluso, está pasando serias dificultades. Esta huelga no ha hecho más que empeorar la situación y es importante tener en cuenta que las personas implicadas en la misma son funcionarios y, por tanto, no dependen de que el procedimiento vaya más o menos rápido para poder tener su sueldo cada mes, con esa seguridad las cosas se ven de otra manera.
El Ministerio de Justicia se mantiene firme en sus convicciones, como decía la canción, con la certeza de que los huelguistas no terminan de encontrar apoyos exteriores y así entramos en la novena semana de huelga, sin visos de acabar y con una justicia que agoniza.