Acceder a una vivienda en Canarias
El acceso a una vivienda en Canarias, con la tercera tasa de paro más alta de España, es uno de los principales problemas de los canarios. Pero sin embargo, la política de vivienda del Gobierno de Canarias se caracteriza por su falta de planificación y escasa inversión, así como por medidas sin coherencia ni objetivos claros, y una evidente ausencia de agilidad y transparencia en la gestión. El registro de demandantes de vivienda en Canarias ronda las 14.000 personas; pero como hace años que no se actualiza, la cifra real probablemente se acerque a las 30.000 familias que no pueden acceder a una vivienda. Este problema no se arregla con una inversión aislada de 15 millones de euros para comprar 150 viviendas ya construidas, sino que requiere de una planificación sostenida en el tiempo, de gestiones simultáneas en varios ámbitos y de una atención específica a las personas más vulnerables. Es decir, no es sólo un problema de inversión sino, como en el caso de las listas de espera sanitarias, de gestión eficaz.
El Plan Nacional de Vivienda que dejó hecho el anterior Gobierno de España – del Partido Popular – tiene recursos y ficha financiera, pero el Gobierno de Canarias es incapaz de gestionar su parte. Es lamentable que no exista un Plan Canario de Vivienda, que hace 10 años que no se hayan ejecutado planes de vivienda en Canarias y que se esté desperdiciando el dinero del Estado disponible por no haberse ejecutado los planes en Canarias. La vivienda es una prioridad para las familias, y ante la parálisis de Coalición Canaria no podemos esperar a las próximas elecciones para comenzar a poner sobre la mesa las soluciones a este problema. Por eso, trasladamos al Parlamento un Plan de choque para el Acceso a la Vivienda en Canarias, con cuatro ejes y cinco medidas.
Primero, es necesario desarrollar los equipos profesionales que gestionan el trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas, ya que están vacantes numerosas plazas para tramitar los expedientes. Además, es urgente catalogar los inmuebles vacíos y cerrados susceptibles de habilitarse para el alquiler, porque el gobierno continúa sin saber lo que tiene. Como también es recomendable que los municipios establezcan una estrategia conjunta para un desarrollo territorial equilibrado de los alquileres sociales, a fin de evitar el efecto llamada de las grandes ciudades.
Pero especialmente importante es el fomento del parque de vivienda en alquiler. La Administración competente en vivienda pública es la Comunidad Autónoma. Y ésta debe facilitar las promociones de viviendas ya construidas que no están habilitadas para su utilización, ayudando a los promotores para que puedan acabar dichas obras. Como también debe aprovechar la puesta a disposición de suelo público municipal para la construcción de vivienda pública, como han ofrecido ambas capitales canarias. Del mismo modo, se deben formalizar convenios con los grandes tenedores de vivienda (ya sean promotores o bancos), para la adquisición o cesión temporal de inmuebles, a fin de incrementar el parque de viviendas de alquiler social.
La adquisición de vivienda por la vía de urgencia y en base a una situación de emergencia, es una medida conveniente para poder ofrecerlas en alquiler a las familias vulnerables. Pero paralelamente a estas medidas, Canarias debe contar con programas de asesoramiento e intermediación para favorecer el alquiler entre propietarios e inquilinos, especialmente para familias con dificultades para acceder a alquileres asequibles. Un programa que debe incluir tanto el asesoramiento jurídico a ambas partes, como un seguro frente a los posibles impagos (para tranquilidad del propietario), y acciones de mediación y arbitraje. Como previamente se debe realizar el catálogo de los inmuebles vacíos, el perfil de las viviendas disponibles ya sería conocido y se canalizaría de manera eficiente a los ciudadanos según sus necesidades y posibilidades. Santa Cruz de Tenerife y Arona ya han puesto en marcha proyectos con, por ejemplo, la metodología Housing First, que ha permitido sacar de la vías públicas a Personas Sin Hogar con más de tres años en la calle y con otras problemáticas añadidas como discapacidad, problemas de salud mental, adicciones o patología dual.
Canarias necesita un plan de choque para el acceso a la vivienda. Éste no es, en modo alguno, un programa electoral sobre vivienda. Éstas son medidas urgentes a poner en marcha de forma inmediata ante la gravedad de la situación de la vivienda en las Islas. Con este Plan de Choque para el Acceso a la Vivienda, se consigue favorecer una Administración Pública de calidad y con capacidad de gestión, activando el empleo en el sector de la construcción y servicios, y dinamizando el mercado inmobiliario. Además, permite conocer y hacer más eficientes los recursos públicos de vivienda, así como hacer asequible el acceso a una vivienda a personas sin recursos. Por otro lado, fomenta la concienciación y pedagogía frente a la estigmatización que sufren las personas sin hogar en la calle, permitiendo su recuperación integral con el consiguiente ahorro en costes en otros ámbitos (como sanidad o drogodependencias). Y también permite acompañar el acceso a la vivienda de otras medidas de reinserción social, como principio fundamental del bienestar de la persona y la familia
El conjunto de estas medidas puede ofrecer soluciones a entre 3.000 y 4.000 familias en el plazo de dos años. Llevaremos nuestras medidas al Parlamento de Canarias porque esto no puede seguir así.