Opinión

Dos años del Pacto de Progreso

Dos años del Pacto de Progreso

En Canarias ningún partido ha alcanzado mayoría absoluta en su Parlamento, circunstancia muy difícil de lograr con nuestro sistema electoral; lo que no es necesariamente negativo. Han sido excepcionales los gobiernos monocolores, siendo habituales los integrados por dos o más formaciones políticas. El cuatripartito actual tiene como precedente más similar el Pacto de Progreso que gobernó entre 1985 y 1987, presidido por el PSOE mediante un acuerdo con distintos partidos canarios nacionalistas y de izquierdas. El actual Pacto de Progreso y de cambio entre PSOE, NC, SP y ASG acaba de cumplir dos años en los que, a pesar de las dificultades de la crisis sanitaria, económica y social por la Covid 19, este Ejecutivo progresista se ha volcado en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos que se marcó en su acuerdo y en el discurso de investidura de su presidente. 

Es cierto que la pandemia lo trastocó todo. El confinamiento iniciado en marzo de 2020 y prolongado durante tres meses, las restricciones a la movilidad, el cierre de distintas actividades o las limitaciones de aforos en otras dañaron a la economía y, especialmente, al sector turístico. Con un impacto enorme en Canarias, por el enorme peso del turismo en su PIB y en su empleo. Solo lo superaremos cuando se alcancen altas tasas de vacunación en las Islas y en los países de origen de los turistas, baje la incidencia acumulada y se normalice la conectividad aérea, hoy bajo mínimos. Estamos más cerca de la meta, pero hay que persistir en el cumplimiento de las normas para evitar contagios e impedir retrocesos.

Servicios públicos

La pandemia exigió una respuesta de los servicios públicos inmediata y a la altura de las graves circunstancias. Aunque estos aún arrastraban las consecuencias de la anterior crisis, con políticas que redujeron presupuestos y recortaron profesionales, se ha realizado un enorme esfuerzo y posibilitado afrontarla en adecuadas condiciones, contando con el buen hacer y la entrega de sanitarios, docentes y personal auxiliar. Y, más que nunca, se ha puesto en valor la importancia del estado del bienestar y de los cuidados a las personas. En nuestro caso, en 2020 incrementamos las cuentas públicas en sanidad en más de 700 millones, un 23,3%, y 5.000 nuevos contratos; en educación 225 más, un aumento del 13,1% y 3.000 nuevos profesionales incorporados. 

Pese a la enorme caída de los ingresos, se ha producido un extraordinario incremento en el gasto público, gracias a unos presupuestos expansivos y a la deuda pública generada para responder a esta crisis. Pero hay que ser conscientes de la excepcionalidad de la situación y de las medidas adoptadas.

Persistiremos en nuestros compromisos y cumpliremos con el programa del Pacto de Progreso. Desde la suficiencia financiera del sistema sanitario público, tenemos que seguir trabajando en la reducción de los tiempos de espera para recibir atención sanitaria; el incremento de los recursos humanos; el desarrollo de las infraestructuras sanitarias pendientes y la implementación del Plan de Salud de Canarias, así como de las planificaciones específicas en Salud Mental, Atención Primaria, Infraestructuras o Equipamientos Tecnológicos.

En el ámbito educativo, nos centraremos en prioridades como el aumento de la oferta de Infantil 0-3 años; las mejoras en la FP para que esta responda a la adecuada cualificación de los jóvenes y esté plenamente imbricada en nuestro mercado laboral; los avances en idiomas; el impulso a las infraestructuras educativas; y el apoyo a nuestras universidades para que contribuyan en condiciones mejores a la formación, la investigación y el desarrollo de nuestra Comunidad.

Por otra parte, y rompiendo con la dinámica de parálisis de la última década, hemos puesto en marcha el Plan de Vivienda 2020-2025, que dedica 664 millones de euros para 6.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler. En el ámbito de los derechos, hemos sacado adelante la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género (Ley Trans) y avanzamos en la Renta de Ciudadanía de Canarias.

En el plano económico, vivimos una etapa de resistencia a la devastación causada por la pandemia. En la que está siendo esencial el papel de lo público -ERTE, créditos ICO, ayudas en Canarias de 1.400 millones de euros a autónomos, pymes y empresas, IMV…- para paliar los efectos de la crisis y generar condiciones para comenzar a afrontar la recuperación de aquí al final de año, con crecimiento de la riqueza y del empleo. Una recuperación que se prolongará durante varios años hasta situarnos en los niveles que teníamos en 2019.

Vamos a disponer de los presupuestos europeos, estatales y canarios. Así como de los fondos extraordinarios de la UE que deben contribuir a orientar modificar el modelo económico hacia la sostenibilidad y la digitalización; para su más eficiente gestión, hemos generado estructuras de gobernanza propias.

Desarrollo sostenible

Debemos seguir dando pasos hacia un modelo de desarrollo sostenible, desde la diversificación, la apuesta por las energías renovables y la batalla contra la crisis climática. La movilidad sostenible y nuevos modelos urbanísticos que reduzcan las necesidades de desplazamientos particulares gracias a servicios públicos disuasorios e impulsen los carriles bici y ganar espacios peatonales nos acercan a una vida cotidiana más humana, acogedora y respetuosa. Padecemos un modelo insostenible. Que origina atascos, problemas de saneamiento, dificultades de acceso a la vivienda…, que no contempla la capacidad de carga de los territorios. Sin futuro.

Como he señalado en distintas ocasiones, es preciso modificar los actuales esquemas de pensamiento y actuación si queremos un territorio respetado, un medio ambiente preservado, unas Islas que sean atractivas para quienes nos visitan, pero sobre todo para los que aquí desarrollamos nuestras vidas. Para los hombres y mujeres de Canarias de hoy y de mañana.

El turismo hay que convertirlo en el mejor aliado del desarrollo sostenible, desde la descarbonización de la actividad, la renovación y la cualificación de la oferta, el incremento del gasto en destino y la cualificación y la mejora de la formación y condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. La diversificación económica debe suponer avances en la I+D+i, en la economía azul, la economía circular, en el audiovisual y en el conjunto del sector cultural. Abrir brecha hacia la soberanía alimentaria, incrementando el peso del sector primario, resulta imprescindible. Apoyar los proyectos en marcha para reducir las energías fósiles y aumentar el peso de las renovables es una obligación con esta tierra, con el planeta y con las presentes y futuras generaciones.

Hemos dedicado muchos esfuerzos a hacer entender al Gobierno central nuestra circunstancias y derechos; no es novedad, ocurre siempre, gobierne quien gobierne en La Moncloa. En ocasiones con éxito, como ha ocurrido con las ayudas a empresas, pymes y autónomos, superiores a las del resto de comunidades. En otras, con diferencias notables, como ha sucedido con los graves errores del Estado respecto a las políticas migratorias. Y, también, respecto a las deducciones a las producciones cinematográficas en las Islas, con una modificación estatal que conculca nuestro REF. Nueva Canarias defenderá las razones que asisten a Canarias en todos los ámbitos políticos e institucionales.

Seguiremos insistiendo en el avance del autogobierno, desarrollando los contenidos del reformado Estatuto y exigiendo el traspaso de las competencias pendientes, entre ellas las de costas. Y comprometidos en redoblar los esfuerzos en la valoración de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. 

Pese a que la pandemia ha obligado al Gobierno de Canarias a dirigir gran parte de sus energías a combatir sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, hemos seguido desarrollando la hoja de ruta marcada en el acuerdo de gobernabilidad y en el discurso de investidura. A pesar de esta crisis, continuamos desplegando un conjunto de políticas para conseguir una Canarias más equilibrada, más sostenible, con mayor equidad, con mejores servicios públicos, con mayor igualdad entre mujeres y hombres, con administraciones más eficientes y desburocratizadas y con mayor capacidad de autogobierno.

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