Canarias denuncia que el decreto anticrisis del PSOE deja fuera la prórroga de 200 millones de fondos energéticos
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que lidera Mariano Hernández Zapata, lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dejado fuera del Real Decreto 7/2026 (aprobado en el marco del Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio) las medidas propuestas por el Ejecutivo autonómico para evitar la pérdida de 100 nuevos megavatios de potencia renovable, lo que se traduce en más de 200 millones de euros en fondos europeos destinados a proyectos de energía sostenible en el archipiélago.
Desde el departamento autonómico se recuerda que Canarias trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta técnica y jurídicamente viable que permitiría ampliar los plazos de ejecución de los fondos extraordinarios de energía, garantizando el cumplimiento de los objetivos europeos sin renunciar a proyectos ya concedidos y en marcha.
Sin embargo, según ha expuesto Alberto Hernández, director general de Energía del ejecutivo autonómico, “el Gobierno de España ha optado por no incorporar ninguna de estas medidas en un decreto que, precisamente, nace para dar respuesta a una crisis energética internacional”, lo que evidencia “una falta de apuesta real por acelerar el despliegue de energías renovables”. Asimismo, señaló que “la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en el precio de los combustibles fósiles refuerzan la necesidad de actuar con urgencia en el desarrollo de energías limpias”, de forma que la decisión del Ejecutivo central “supone una oportunidad perdida para reducir la dependencia energética y avanzar en la descarbonización”.
Hernández apunta que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez resulta “especialmente contradictoria, ya que mientras defiende en Europa el liderazgo de España en transición energética y busca impulsar la soberanía apostando por energías autóctonas más resilientes, en la práctica deja pasar medidas concretas que permitirían consolidar ese avance”, además de incidir en que “no se ha solicitado nada que el Gobierno no haya hecho ya para sí mismo, como es el caso del Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía (IDAE) con las ayudas a la geotermia. Lo que no tiene sentido es que lo que para unos vale, parece que para otros no tanto”.
Asimismo, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se señala que resulta especialmente llamativo el silencio del actual ministro y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante una decisión que puede suponer la pérdida de más de 200 millones de euros en inversiones energéticas para el archipiélago. Desde el Gobierno autonómico recuerdan que Torres, como anterior presidente de Canarias, conoce de primera mano las dificultades estructurales que afrontan las islas para ejecutar proyectos energéticos de gran escala en plazos tan ajustados, por lo que consideran incomprensible que no haya defendido dentro del Consejo de Ministros la incorporación de esta medida para proteger los intereses del archipiélago.
En este sentido, Alberto Hernández subraya que “Canarias necesita que sus representantes en el Gobierno de España actúen con determinación para defender los intereses de las islas”, recordando que la transición energética en territorios insulares requiere marcos normativos adaptados a su realidad. “Resulta difícil entender que quien fue presidente de Canarias durante la aprobación de estos fondos, no esté ahora liderando las soluciones necesarias para garantizar que esos recursos se traduzcan en proyectos reales”, añadió.
Además, recordó que “desde la Consejería estamos haciendo un importante esfuerzo para impulsar y acelerar la justificación de estas ayudas y ya hemos celebrado numerosas jornadas con este fin, pero son las propias organizaciones y los beneficiarios los que necesitan esta ampliación de plazos para llevar a buen puerto sus proyectos”.
En palabras de Hernández, la propuesta trasladada al Ministerio no sólo era viable desde el punto de vista jurídico, “sino que se alineaba con los reglamentos europeos, permitiendo cumplir con los hitos exigidos en 2026 mediante la concesión de las ayudas, al tiempo que garantiza la continuidad de los proyectos adjudicados hasta su finalización”.
Además, esta iniciativa cuenta con el respaldo de los sectores empresarial y energético, así como de cabildos y ayuntamientos del archipiélago, que han advertido de las dificultades reales para ejecutar en plazo proyectos de gran complejidad que vienen a transformar la realidad energética de Canarias.
En palabras de Alberto Hernández, sin una adaptación normativa “existe un riesgo real de pérdida de inversiones estratégicas para Canarias”, lo que supondría “un freno al desarrollo de proyectos clave para el futuro energético de las islas”. Por todo ello, “reclamamos al Gobierno de España que rectifique y adopte medidas urgentes que permitan ejecutar los fondos comprometidos, evitando que Canarias vuelva a quedar en una situación de desventaja en el proceso de transición energética”.
