El PSOE de Lanzarote ha denunciado que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, pretende aprobar una subida del 15% en el precio del agua para permitir que Canal Gestión ceda el contrato del ciclo integral del agua a las empresas FCC y Aqualia, en una operación que vuelve a perjudicar el interés público y hace pagar a la ciudadanía el coste de una gestión fallida.
La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha advertido de la gravedad de esta decisión, que considera injustificada y profundamente lesiva para Lanzarote.
“Oswaldo Betancort pretende que los lanzaroteños y lanzaroteñas paguen un 15% más por el agua para facilitar la salida de Canal Gestión, una empresa que ha incumplido sus compromisos, ha deteriorado la red y ahora se marcha sin asumir responsabilidades”, ha afirmado Corujo.
La dirigente socialista ha sido contundente al señalar que “la operación está diseñada a la medida de Canal Gestión. Se le facilita la salida y, además, conserva el derecho a reclamar más de 30 millones de euros a las instituciones públicas, lo que supone una decisión incomprensible que vuelve a situar a la ciudadanía en una posición de absoluta indefensión”.
El PSOE ha denunciado además el oscurantismo con el que el presidente del Cabildo ha gestionado esta operación. Según ha explicado Corujo, Betancort dispone de la oferta de cesión del contrato desde el pasado 12 de noviembre y tiene sobre su mesa la propuesta de subida de tarifas desde el 16 de enero, sin haber informado con transparencia a los ayuntamientos ni a la ciudadanía.
“Estamos ante una decisión que se ha intentado gestionar en silencio durante meses, ocultando información clave y sin dar explicaciones públicas sobre una subida del agua que afectará directamente a miles de familias y empresas de Lanzarote”, ha denunciado.
Canal Gestión se marcha
El PSOE ha recordado que Canal Gestión abandona el contrato tras una etapa marcada por graves incumplimientos, entre ellos el aumento de las pérdidas de agua en la red, la falta de ejecución de inversiones comprometidas y el deterioro de infraestructuras esenciales, como los módulos de desalación, algunos de los cuales se encuentran actualmente paralizados.
“Canal Gestión se marcha después de haber deteriorado el sistema, sin cumplir las inversiones comprometidas y dejando un servicio en peores condiciones. Y en lugar de exigir responsabilidades, Betancort facilita su salida y pretende que el coste lo asuma la ciudadanía”, ha señalado Corujo.
La secretaria general socialista ha advertido de que el PSOE de Lanzarote defenderá el interés general y exigirá transparencia en un asunto que afecta a un servicio esencial para la isla.
“El agua no puede convertirse en el precio que tenga que pagar la ciudadanía para rescatar a una empresa que ha incumplido sus obligaciones. Lanzarote no puede asumir las consecuencias de una mala gestión mientras se protege a la concesionaria. El Cabildo tiene la obligación de defender el interés público, no de facilitar operaciones que perjudican a la isla y benefician a quienes han fallado”, ha concluido Corujo.
El Consorcio del Agua cambia sus estatutos de 1978
El Consorcio del Agua de Lanzarote defiende que los nuevos Estatutos aprobados al inicio de la presente legislatura suponen un avance histórico en la democratización y equilibrio institucional del organismo, reforzando la participación de los ayuntamientos y limitando cualquier posibilidad de decisión unilateral por parte del Cabildo.
La reforma estatutaria corrige una situación heredada, ya que durante el anterior mandato se mantuvieron vigentes unos Estatutos de 1976 que no se adaptaron a la normativa actual pese a la obligación legal de hacerlo. Ha sido en esta etapa cuando se ha impulsado una actualización profunda con el objetivo de configurar un Consorcio más representativo, transparente y ajustado a la realidad institucional de Lanzarote y La Graciosa.
Uno de los cambios más relevantes afecta a la convocatoria de la Asamblea. Mientras que anteriormente podía realizarse con apenas dos días de antelación, lo que dificulta el análisis riguroso de los expedientes por parte de los municipios, los nuevos Estatutos establecen un mínimo de tres días hábiles, con notificación electrónica y constancia de recepción, favoreciendo así una participación informada y efectiva (artículo 11.2).
Asimismo, se modifican las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos. Si antes bastaba la mayoría simple, circunstancia que permitía al Cabildo, con el 60% de los votos, sacar adelante decisiones sin necesidad de consenso, ahora se exigen mayorías reforzadas del 64% o del 70% según la relevancia del asunto, obligando a alcanzar acuerdos amplios entre las distintas administraciones (artículo 12).
Desde el Consorcio se subraya que esta reforma desmonta el relato de quienes sostienen que existe margen para imponer decisiones desde la institución insular. Los nuevos Estatutos consolidan un modelo colegiado donde las decisiones estratégicas sólo pueden adoptarse con el respaldo mayoritario de los ayuntamientos.
Impugnación judicial del Ayuntamiento de Haría
Pese a este avance en participación, los Estatutos han sido recurridos ante los tribunales por el Ayuntamiento de Haría, que reclama una mayor cuota de participación. El criterio de representación vigente desde la constitución del Consorcio se basa en el número de habitantes, lo que garantiza proporcionalidad tanto en el voto como en las posibles aportaciones económicas.
Desde el Consorcio se advierte de que alterar ese criterio supondría también modificar el equilibrio financiero entre administraciones, pudiendo implicar mayores aportaciones económicas para determinados municipios en caso de ser necesarias.
Garantía de acceso a la documentación
Por último, el Consorcio recuerda que toda la documentación de los expedientes se pone a disposición de los miembros desde el momento de la convocatoria de la Asamblea, es decir, con tres días hábiles de antelación. En el caso concreto de la resolución contractual con Canal Gestión Lanzarote, los informes técnicos que avalan dicha decisión estuvieron disponibles desde el 30 de septiembre de 2025, fecha de convocatoria de la Asamblea celebrada el 6 de octubre.
Con esta reforma estatutaria, el Consorcio del Agua de Lanzarote ratifica su compromiso con la transparencia, el equilibrio institucional y la defensa del interés general, situando el consenso y la responsabilidad compartida como ejes centrales de la gestión del ciclo integral del agua en la isla.
