Evaluación Ambiental aprueba cinco proyectos y desestima uno en Chinijo
Valbuena destaca la importancia de los expedientes realizados en La Graciosa y Caleta de Famara "para garantizar la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad de este entorno".
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, convocada por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha evaluado seis proyectos presentados en el área administrativa del municipio de Teguise por su posible afección a los recursos naturales del Archipiélago Chinijo, de los que cinco han obtenido informe favorable y un sexto ha sido informado desfavorablemente por considerar que provocaría una transformación en el ámbito afectado.
Así lo anunció el consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, quien destacó la eficacia de la labor que desarrolla este Órgano "para preservar nuestro patrimonio natural y la biodiversidad de las Islas y el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Canarias por agilizar los trámites y facilitar las funciones del resto de administraciones implicadas".
En este sentido, recordó que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, creada por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017, es el organismo competente para realizar la evaluación ambiental estratégica de planes y de evaluación de impacto ambiental de proyectos. “Estamos intentando arreglar un problema que arrastra Canarias desde hace tiempo y que es importante para la coexistencia de la preservación de nuestra tierra y la puesta en marcha de proyectos necesarios para el desarrollo”, indicó Valbuena.
“Agradezco la implicación del consejero y me consta su empeño en agilizar estos trámites que tanto afectan a la ciudadanía” ha manifestado la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, quien una vez más ha recordado que en Canarias el problema principal nunca han sido las leyes, sino la falta de gestión de quienes nunca se han terminado de creer la importancia de la ordenación del territorio.
El proyecto que ha recibido un informe desfavorable contempla la construcción de una vivienda unifamiliar y un local en Caleta de Sebo lo que, en opinión de la Comisión de Evaluación Ambiental, “supondría una transformación sensible de la realidad física y biológica que contraviene a los objetivos del Plan por afectar a un aljibe recogido en el catálogo de protección de elementos de interés patrimonial del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.
De los otros cinco proyectos informados, tres corresponden a La Graciosa y consisten en el modificado de dos viviendas adosadas, la adecuación del vallado de un terreno y la legalización de una obra ya realizada para abrir el hueco de dos puertas en la fachada de un edificio. Además, se han revisado dos proyectos para la construcción de dos viviendas y un restaurante y la de una vivienda unifamiliar en Caleta de Famara.
Estos cinco proyectos han recibido un informe favorable al considerar que no provocan ninguna transformación de la realidad física, geológica y biológica del ámbito afectado y que no contravienen los objetivos del futuro Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago Chinijo, que actualmente se encuentra en fase de tramitación.
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha remitido estos informes al Ayuntamiento de Teguise, que es en este caso la Administración local competente para otorgar las correspondientes licencias.
Teguise pide agilidad en los proyectos
La Villa de Teguise acogió una reunión entre la responsable del área en el Ayuntamiento, Olivia Duque, y el viceconsejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz, así como técnicos del Ayuntamiento, de la Consejería y del Cabildo Insular, para tratar asuntos prioritarios en materia de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales de Teguise y en la isla de La Graciosa, representada por la concejal Alicia Páez.
“Desde el grupo de Gobierno de Teguise, capitaneado por Oswaldo Betancort, nos parece fundamental hacer partícipes a todas la administraciones implicadas en la gestión del territorio y poder mantener un flujo de información continua que agilice trámites y expedientes de reformas o rehabilitaciones del municipio que están pendientes de informes de la consejería, y también mantener futuros contactos para comprobar el estado de los mismos desde la Oficina Técnica, así como realizar un seguimiento exhaustivo a la redacción de documentos de ordenación”, ha declarado Olivia Duque como concejal de Oficina Técnica y Urbanismo. recordando “el papel esencial de las administraciones para la resolución de procedimientos y la emisión de informes que permitan avanzar en los proyectos que se plantean a nivel particular o empresarial”.
Además, en dicho encuentro se puso sobre la mesa un documento sencillo en el que se incorpora la definición del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) como plan estratégico y de ordenación, así como sus objetivos, y se informó además sobre la consulta pública que, en base al artículo 133 de la Ley 39/2015 de Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, va a realizar la Consejería sobre el documento que se encuentra aún en redacción.
“Con ello se pretende que la ciudadanía pueda aportar información a tener en cuenta en la redacción del documento a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma", ha explicado Duque.
Durante el trámite de consulta que se llevará a cabo desde la página Canarias Participa, se podrán hacer cuantas aportaciones y sugerencias se estimen convenientes por parte de la ciudadanía, y es que, según lo expuesto en la ley, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
