Adislan se defiende: dinero público auditado y no responsable de la situación irregular del convenio

La junta directiva de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) ha emitido una nota pública con la finalidad de “velar por la tranquilidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, así como defender el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de la organización que han demostrado y demuestran cada día la valía profesional y el compromiso con las personas que apoyan”. Adislan ha enviado este comunicado ante los problemas de liquidez que está teniendo para pagar las nóminas de sus trabajadores por el impago de las facturas presentadas al Cabildo.

 

En su comunicado la junta directiva recalca que han sido las familias de Adislan quienes “durante más de 5 décadas, han luchado por velar por los

derechos de las personas con discapacidad intelectual, y son quienes han promovido y gestionando desde los inicios hasta la actualidad los servicios de atención a la discapacidad en la isla de Lanzarote”.

 

“Es por ello, que a día de hoy la entidad tiene tal envergadura, creciendo notablemente en el número de servicios y por tanto en el número de personas con discapacidad atendidas, como consecuencia se ha generado un incremento de la financiación proveniente de la administración pública correspondiente al pago de la plaza pública de cada usuario, de ahí la importancia de nuestro presupuesto anual”, afirman.

 

Adislan recuerda que como Asociación de Utilidad Pública que se rige por la normativa de la Ley de Asociaciones de Canarias, “se nos exige un control anual de los aspectos sociales y económicos de la entidad, presentando anualmente en la asamblea general de socios las cuentas y balance social que posteriormente junto a la auditoría económica anual se presenta al registro de asociaciones, de la que no hemos recibido hasta el momento ningún informe de irregularidades de la asociación. Con ello, se quiere trasladar a la opinión pública que el dinero que recibe Adislan de las diferentes administraciones públicas, entidades, socios y colaboradores está auditado en todo momento por profesionales externos a la entidad”.

 

 

Respecto al balance social, y más concretamente a las acciones y apoyos que ofrecen a las

personas con discapacidad intelectual, Adislan afirman que “este es pactado y consensuado con las familias por nuestra metodología de trabajo, las familias tienen una importante participación en la entidad. Por otro lado, tiene un seguimiento y control que responde a procedimientos que son auditados anualmente por la auditoría externa de calidad. La entidad ha estado a entera disposición, como no podía ser de otra manera para las auditorias y consultorías que el Cabildo Insular de Lanzarote solicite o haga en Adislan, como ya se han hecho”.

 

“Somos muy conscientes de que la entidad recibe dinero público de todos los ciudadanos y que éste debe estar correctamente gestionado y por tanto Adislan siempre estará dispuesta a todo tipo de supervisión y fiscalización, como lo ha estado hasta el momento”, afirma la junta directiva.

 

Respecto a las personas con discapacidad que tienen plaza en los servicios de gestión pública;

Residencia Discapacidad Intelectual, Residencia Discapacidad Intelectual NTP, Centro de Estancia Diurna Discapacidad Intelectual NTP, Hogar Funcional Discapacidad Intelectual y Centro Ocupacional Discapacidad Intelectual, Adislan indica que todos los usuarios “tienen una plaza pública de dependencia otorgada y designada en tiempo y forma por el Cabildo Insular de Lanzarote, que delega su gestión posterior en nuestra entidad”.

 

“La entidad acata en todo momento los procedimientos de la administración pública. Tanto en los protocolos de entrada de las personas con discapacidad a los diferentes centros, así como en el control del trabajo y apoyos que se le ofrece a cada uno de ellos. Es el Cabildo de Lanzarote quien envía el expediente de la persona que utilizará una plaza pública a la entidad, designando el servicio correspondiente y poniéndose a continuación en marcha el procedimiento interno de entrada al recurso”, añade la junta directiva.

 

Según Adislan “el control y seguimiento de la administración pública del trabajo realizado con cada usuario es el siguiente: existe un protocolo de comunicación de incidencias, entendidas estas como; ausencias, enfermedad, situaciones de urgencias, alteraciones conductuales importantes, etc., que los trabajadores sociales trasladan en tiempo y forma al servicio de dependencia”.

 

De igual forman, desde Adislan añaden que “la entidad envía de forma regular un informe de cada uno de los usuarios, que contiene su ficha personal, plan individual de trabajo, programas y apoyos recibidos y propuestos, así como la evaluación de calidad de vida que realiza la entidad  anualmente con cada uno de ellos. Esto refleja el seguimiento y control por parte de los profesionales del Cabildo de Lanzarote, con el que siempre se ha mantenido una relación muy profesional entre ambas partes, marcado por un gran trabajo de equipo y una excelente comunicación directa”.

 

“Otro de los protocolos que seguimos es el de la facturación mensual, marcado por la propia

administración pública, la entidad para poder elevar las facturas al Cabildo, ha de pasar un primer filtro de autorización por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, que es quien autoriza el listado de usuarios y días atendidos en el mes, solo cuando llega esta autorización, la entidad procede a emitir las facturas correspondientes, con los precios por plaza marcados por el Gobierno de Canarias, con el mismo contenido y formato desde el año pasado y que son indicados por el propio Cabildo”, resaltan en el comunicado.

 

Respecto a la situación irregular con el Cabildo Insular de Lanzarote de los servicios públicos, Adislan recuerda que “la entidad venía firmando un convenio desde hace más de 20 años. En el año 2017, se elabora un convenio borrador como cada año que llega a nuestra entidad y que finalmente de forma unilateral por parte de la administración pública no se firma”.

 

Asimismo, afirman que “la entidad en todo momento ha intentado regularizar la situación en conversaciones con los diferentes consejeros del Área de Bienestar Social desde el año 2017. Siendo muy consciente de la situación de debilidad jurídica en la que estaba y está la Asociación. Somos conscientes y compartimos con el Cabildo, la necesidad urgente de regularización contractual, es por ello que se le ha trasladado en diferentes informes que se regule la situación especial de continuidad de los servicios prestados por la entidad, en base a la Ley de Contratos del Sector Público, que recoge que si la nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio”, indican

 

La entidad ha entendido que hasta que se dé una solución a esta situación, “se continúa trabajando

bajo las directrices que la propia administración nos indica, con el objetivo de no dejar nunca de prestar los servicios a todos nuestros usuarios y sus familias”.

 

La junta directiva añade que “con una relación por más de 20 años entre la entidad y el Cabildo Insular de Lanzarote, y bajo la experiencia y premisas de trabajo basadas en la confianza, colaboración, y cooperación mutua, se consideró dicha situación, como excepcional y derivada de procedimientos internos de la administración pública difíciles de solventar. Por todo esto, Adislan no se considera, cooperadora, ni participe, ni responsable de dicha situación irregular, cumpliendo con todas sus obligaciones con cada uno de los usuarios bajo las leyes que nos enmarca, como es la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y las directrices marcadas en los convenios firmados con anterioridad”.

 

Respecto al pago pendiente de la nómina del mes de abril, según Adislan responde “a la falta de liquidez de la entidad, ya que el Cabildo de Lanzarote paga a mes vencido los servicios. El impago de las facturas en el tiempo correspondiente quiebra nuestra liquidez, obligándonos a asumir los compromisos con recursos propios hasta un límite donde generamos impagos, como es la actual situación, hemos hecho frente al pago de todos los gastos de personal y funcionamiento con fondos propios desde el mes de febrero”.

 

Así mismo, Adislan afirma que  viene soportando desde el año 2019, “una subida salarial importantísima del sector, que no fue sujeta con una subida de financiación pública para cubrirla, y desde el mismo año hemos tenido una pérdida de financiación por parte de la administración publica, dichas situaciones han ocasionado déficit y por tanto deudas en los años 2019 y 2020, inasumibles por una ONG