Trabajadoras del Ayuntamiento aseguran que “no comprobábamos las facturas, era un trámite habitual”

En la última sesión del juicio por la pieza 12 del caso Unión que se celebra en Lanzarote, han testificado varias trabajadoras del Ayuntamiento de Arrecife, Loyola Hernández, Johana García, y Nieves Reyes, todas auxiliares administrativas, el representante legal de una empresa y el que fuera alcalde de Arrecife Manuel Fajardo Feo. A partir de mañana, el juicio se traslada a Las Palmas de Gran Canaria donde continuarán las sesiones.

“Era el trámite habitual”. Esa ha sido la respuesta de varias de las testigos, auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Arrecife para referirse al hecho de que habitualmente firmaban facturas y propuestas de gasto sin tener capacidad para ello, sólo porque se los pedía el concejal.

En la Concejalía de Parques y Jardines que dirigía Antonio Machín no había personal técnico y eran las auxiliares administrativas quienes firmaban para dar el visto bueno a una propuesta de gasto o una factura por trabajos u obras, que nadie verificaba si se habían ejecutado o si estaban bien realizadas.

Así se desprende de las respuestas dadas en la sala al Ministerio Fiscal. “¿Usted podía firmar una factura de 20 mil euros o una de 77 mil que no comprobaba nada?”, le preguntó Javier Ródenas a la testigo Johana Machín, y la respuesta fue: “así es”. No se verificaba la recepción de una obra, no se comprobaba que el contenido de la factura fuese idéntico a otras que ya se habían pagado y ni siquiera se confirmaba que la factura correspondiese con el objeto del contrato.

No había ningún control en este sentido y la respuesta de las testigos es siempre la misma. Johana Machín asegura que el concejal era “el que traía los presupuestos”, el que le pedía que firmara las propuestas de gastos que venían de compras y las facturas “y yo firmaba porque no había técnicos”.

Por su parte, Loyola Hernández, también auxiliar administrativa de la Concejalía de Parques y Jardines, y la que más se refirió a que todo ese procedimiento “era un trámite habitual”, apuntó que no verificaba las facturas y que se enteraba de las obras “por algún vecino que pasaba y te decía cómo iban los trabajos”. Hernández, que en la primera fase de la investigación estuvo imputada, mantuvo en su declaración “que nadie la obligaba a firmar, era el trámite”.

La otra testigo de la sesión de hoy, fue Nieves Reyes, auxiliar administrativa del la oficina de Contratación y compañera de Elena Martín, imputada en esta causa. En su testimonio, Reyes recordó que tuvo “una discusión con Ubaldo Becerra en la que concejal levantó la voz y dio un portazo, en relación al proyecto de arbolado” la testigo aseguró que Becerra trajo el proyecto y que ella le recordó que para adjudicar el mismo se tenía que hacer por licitación pública, por lo que Ubaldo se enfadó, “no llegamos a tramitar el proyecto” y aseguró que “no tuve conocimiento de que los trabajos se estaban ejecutando”. La testigo dijo que “se dio cuenta de que los documentos del proyecto seguían en la oficina cuando después de saltar el caso Unión le pidieron la documentación de su oficina”.

Otro de los testigos llamados a la sala fue el representante legal de una empresa subcontratada por el empresario Reina Fabre de Construcciones Reina para arreglar la fuente del Parque de Los Pinos y el balneario de la playa de El Reducto. El testigo se ha limitado a asegurar que realizó obras de fontanería y de electricidad. Cuando el Fiscal le recuerda que “ese trabajo ya estaba pagado en otro expediente de contratación”, él asegura que lo desconoce.

El último testigo en declarar ha sido Manuel Fajardo Feo, el que fuera alcalde de Arrecife en la legislatura siguiente a destaparse el caso Unión. En repuesta al Ministerio Fiscal, Fajardo Feo mantiene que la decisión de personar al Ayuntamiento como acusación particular se tomó “después de la sugerencia que el propio fiscal o la parte instructora le hiciesen en la primera intervención como testigo en la fase de instrucción”, y que lo hizo para “poder reclamar y resarcir los posibles daños que se pudieran haber ocasionado a la corporación”. La declaración del ex alcalde apenas ha durado unos minutos y ha sido la más corta de todas cuantas se han dado en las diferentes sesiones del juicio.

Mañana el juicio se traslada a las salas de la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé seguir con la toma de declaración de los testigos y peritos del caso. Precisamente en esta ciudad prestará declaración el empresario José Antonio Castellano, uno de los denunciantes de la trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento. Tambíen comparecerá como testigo su hijo, el actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias Isaac Castellano.