El Cabildo sella el Convenio por la Paz Social con Adislan, AFA y El Cribo
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, han firmado este martes el Convenio por la Paz Social, un acuerdo transitorio con las principales asociaciones de utilidad pública de la isla: AFA, Adislan y El Cribo. El mismo pretende "restablecer la coordinación y el trabajo conjunto entre la máxima institución insular y estas entidades sin ánimo de lucro que atiende en su entorno más inmediato a cerca de 300 personas del Tercer Sector".
El acuerdo contempla la atención de 165 personas por parte de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan); 93 plazas para usuarios y usuarias de la Asociación Salud Mental El Cribo y, por último, el servicio de promoción de la autonomía personal de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote (AFA), que contará con 30 plazas, sumando un total de 288 plazas entre las tres entidades.
Seguridad jurídica, accesibilidad, publicidad y transparencia
Oswaldo Betancort destacó que, “con la materialización de la firma de estos protocolos, queremos poner de manifiesto la intención de suscribir instrumentos de colaboración, dar garantías y establecer una encomienda para la prestación de los servicios por parte de estas asociaciones a través de los conciertos sociales”.
“Hoy abrimos una nueva etapa, marcada por el diálogo, el trabajo en equipo y por el afán de mejorar y conseguir la excelencia en el trato a las personas más vulnerables de Lanzarote y La Graciosa, que deben ser atendidas por entidades profesionalizadas”, enfatizó el presidente.
Asimismo, el consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, manifestó que, gracias a este convenio, “dejamos atrás la crispación, los desencuentros, y la desconfianza e incertidumbre sufridas hasta ahora, que llevó incluso a manifestaciones públicas, y empezamos así a formalizar todas las actuaciones necesarias que en el futuro podrán regir conciertos para la prestación del servicio, garantizando el principio de seguridad jurídica, accesibilidad, publicidad y transparencia”.
