Canarias y el reto demográfico
En el año 2000 la renta per cápita de Canarias se situó en el 97,7% de la renta media estatal. En 2019, antes de la pandemia, era del 82%, quince puntos menos. El desempleo EPA del 2000 en las Islas (11,94%) estaba por debajo del estatal (13,42%) y posteriormente siempre hemos estado por encima en paro. Nuestra tasa de pobreza es muy superior a la del conjunto del Estado. Estos registros tienen bastante que ver con nuestro modelo de desarrollo y nuestra evolución demográfica a lo largo de ese período. Desde el 2000 al 2020, la población en Canarias se incrementó en un 30,8%, es decir, casi el doble que la media del conjunto del Estado (16,9%) y siete veces más que en el País Vasco (4,3%), territorio equiparable al nuestro en datos demográficos absolutos, que aumentó su población en 90.000 personas. Canarias, en 528.000, alcanzando los 2.244.480 habitantes.
Me refería a esta realidad en una intervención reciente en el Parlamento de Canarias, incidiendo en su estrecha vinculación con un modelo desarrollista y dependiente. Lo que ha venido ocurriendo estas dos últimas décadas supone más dificultades en la incorporación de la población residente al mercado de trabajo. Tiene también relevantes implicaciones en los servicios públicos, en las infraestructuras -especialmente en el colapso en las carreteras- o en el acceso a la vivienda. Reflexionar sobre ello resulta imprescindible.
El Informe sobre la Estrategia Nacional frente al Reto demográfico del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, aprobado en su sesión del 22 de mayo de 2019, proyecta que en 2033 la población en Canarias podría alcanzar, en una hipótesis centrada, las 2.493.956 personas, un 17% más que en el momento del estudio, fundamentalmente por la llegada de personas de distintos orígenes internacionales. Pronosticando que “el crecimiento vegetativo sería negativo durante todo el periodo y la migración procedente de otras CC.AA. será reducida y cada vez menos relevante”.
Respecto a la presencia de los extranjeros hoy, el 53% de los que están en Canarias proceden de la Unión Europea (con Italia claramente a la cabeza, por delante de Reino Unido y Alemania), con porcentajes menores para los que vienen de América (25,7%) -donde predominan venezolanos, cubanos y colombianos-, África (10,2%) y Asia (6,9%). La población extranjera podría ascender en 2033 a 648.280 personas, hasta suponer el 26% del total de la población, frente al 14% actual. El peso de la población extranjera respecto a la total oscilaría entre el 14% de El Hierro y el 48% de Fuerteventura.
La mayor concentración de población en 2033 se daría en Tenerife, que superaría los 1,1 millones, con casi 200.000 habitantes más que en 2018 y un aumento del 21,4%. Pero las mayores subidas porcentuales se darían en Fuerteventura (45%) y Lanzarote (29%). Estamos obligados a preguntarnos qué impactos supondrá ese enorme crecimiento en tan corto periodo de tiempo en materia de atención sanitaria, en plazas de escolarización, en el ya complicado acceso a la vivienda o en consumo energético, la producción de residuos y el tráfico de vehículos. Y, asimismo, en la capacidad de absorción por el mercado laboral y la situación frente a eventuales futuras crisis económicas.
Comité de expertos
En el año 2002 impulsé desde la Presidencia del Gobierno de Canarias la creación de un comité de expertos sobre población e inmigración en Canarias, multidisciplinar en lo académico y plural en el ámbito político. Presidido por el rector de la ULPGC Manuel Lobo Cabrera y en el que estaban Asunción Asín Cabrera, Andreu Domingo Vals, Josefina Domínguez Mújica, Juan Antonio Fernández Cordón, José Ángel Gil Jurado. Eligio Hernández Gutiérrez, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Ana María López Sala, Margarita Isabel Ramos Quintana, José Luis Rivero Ceballos y José Ángel Rodríguez Martín. Así como con la coordinación y apoyo de los sociólogos Aniano Hernández Guerra, Gonzalo Rodríguez, Miguel Guerra y Juan Peña.
En sus conclusiones, publicadas en 2003, se destacaba que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”. Se indicaba que los llegados a finales del XX y comienzos del XXI eran, fundamentalmente, gente joven con hijos pequeños o que los tenían una vez establecidos en las Islas. Suponiendo, por tanto, un mayor peso del grupo potencialmente activo laboralmente en el conjunto de la población.
Apuntaban, asimismo, la importancia de las directrices generales de ordenación territorial y las sectoriales del turismo para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional; y se descartaba el encaje de una ley de residencia restrictiva de la libre circulación en la actual normativa europea, aunque abogaban “por el inicio de negociaciones político-institucionales para tratar de racionalizar el posible efecto de aumento poblacional en Canarias”.
Los expertos señalaban entre las consecuencias positivas de la inmigración “la dinamización del modelo y sus contribuciones al valor añadido, la financiación de la Seguridad Social, el aporte de impuestos a las haciendas públicas y su agregación a la demanda y a las iniciativas empresariales”. Pero también negativas, entre ellas, “la carga territorial (aspecto residencial de la vivienda y presión sobre el mercado del suelo), las demandas de infraestructuras y equipamientos públicos, así como en las prestaciones de servicios públicos estratégicos (sanidad, educación, servicios sociales), los cuales acarrean facturas suplementarias en los presupuestos de las administraciones”.
Sus propuestas, ordenadas en cinco ejes, hacían referencia, en primer lugar, a la ordenación de flujos, “mediante el establecimiento de medidas legales para moderar el crecimiento migratorio, atendiendo a las políticas de ordenación del territorio y urbanísticas, las que pudieran inhibir la adquisición de propiedades de segunda residencia, y la concesión de permisos de trabajo y residencia a extranjeros no comunitarios”.
Integración
Contenían, en segundo lugar, propuestas dirigidas a la integración de los migrantes, mediante el Plan Canario para la Inmigración y una Ley de atención social integral, planteando además un papel activo de las corporaciones locales e insulares. En tercer lugar, se recogen planteamientos de política de nacionalidad, dirigidas a los emigrantes retornados y sus descendientes. Se incluían, en cuarto lugar, las destinadas a la cooperación internacional, con un papel más activo de la Comunidad Canaria. Y, en quinto, se planteaban una serie de propuestas de transformación institucional, entre ellas, la creación de un centro directivo en el seno del Gobierno de Canarias que plantee y coordine las políticas relativas a la inmigración, así como establecer cauces legales adecuados para negociar con el Estado una ampliación competencial en materia migratoria y de extranjería.
El comité de expertos sobre población e inmigración en Canarias pronosticaba en 2003 que “la presión demográfica que se espera para los próximos años, junto al carácter insular y ultraperiférico del territorio, los costes sociales y ambientales que se vislumbran, así como la necesaria moratoria en el crecimiento de determinados alojamientos turísticos, abogan por el inicio de negociaciones político-institucionales para tratar de racionalizar el posible efecto de aumento poblacional en Canarias”.
Casi veinte años después nos enfrentamos a relevantes retos demográficos sin que Canarias haya hecho sus deberes. Que comportan, sobre todo, avanzar de forma decidida hacia un modelo económico sostenible medioambientalmente y justo socialmente, más diversificado y contenido. Autocentrado, pensado desde y para Canarias, su ciudadanía, sus empresas, su territorio y su medio natural. Con contención en el ritmo de crecimiento. En la mejora de los niveles de formación de nuestra gente. En imprescindibles cambios en la producción y consumo de energía o agua, el tratamiento de residuos, y, también, en la movilidad urbana e interurbana. En la humanización de nuestras urbes y en la extensión de la cobertura de servicios que precisa el mundo rural. Así como profundizando en nuestro carácter de pueblo acogedor con los canarios y las canarias de adopción, con los hombres y mujeres que se han establecido en nuestra tierra y comparten nuestras sufrimientos y alegrías, nuestras frustraciones y nuestras aspiraciones de alcanzar un mayor bienestar. Reorientar nuestro modelo de desarrollo y nuestro crecimiento demográfico resulta esencial desde el punto de vista económico, medioambiental y social.