En la encrucijada
España como sociedad organizada en Estado, vive un momento delicado. La Constitución de 1978 representó un pacto de convivencia para intentar encauzar con éxito los principales problemas que habían condicionado durante demasiado tiempo la historia española. No eran problemas excepcionales, diferentes a los que han tenido que afrontar otros países occidentales: protección de las libertades públicas, corrección de las desigualdades sociales más lacerantes, reconocimiento de la pluralidad territorial, laicidad del Estado, contención del poder militar… para hacer posible una convivencia pacífica.
Algunos de esos compromisos, y los valores que los sustentaban, han sufrido ataques muy intensos durante los últimos años. La crisis económica ha servido de coartada de muchos de esos ataques.
Aunque establecer comparaciones no tiene gran utilidad, la vigencia de la Constitución Española, y del pacto de convivencia que representa, no ha sido solamente atacada por el desafío independentista. También lo fue mediante al principio del Estado Social que supuso la reforma exprés del artículo 135.
También lo son los “argumentos” del PP en su contraofensiva de estos días: invocar agresivamente los intereses de España para deslegitimar un instrumento clave de nuestro sistema político, como es la moción de censura al Gobierno de un partido que, a tenor de la sentencia, casi desde su refundación amparó un albañal de irregularidades alrededor de sus finanzas, produce un grave daño al orden constitucional que presumen defender.
La sentencia del caso Gurtel ha servido de detonante; pero los factores de deterioro estaban ahí desde hace tiempo: retroceso del Estado Social/recrudecimiento de las desigualdades, deterioro de las libertades, cuestionamiento de la unidad de España, impresión de corrupción galopante…
La respuesta de los partidos políticos era bastante previsible:
Ciudadanos no puede continuar manteniendo al PP hasta que logre acaparar su espacio político; ni puede permitir que el PSOE, segunda fuerza política en las Cortes pero tercera en las encuestas, aproveche una nueva estancia en el Gobierno para intentar darle la vuelta a los sondeos. Ha de mantener con la mayor radicalidad, por tanto, su discurso sobre la unidad de España y evitar que se deteriore la otra pata de su mensaje, la regeneracionista, si por acción u omisión sostienen al PP.
La táctica de negarse a apoyar la moción, para luego vaticinar que se les “hace muy difícil pensar que un presidente del Gobierno elegido con los votos de los que quieren romper España”, es una truculencia tan infantil como típica de la más vieja política.
PSOE no podía no hacer lo que está haciendo: tomar la iniciativa, como principal grupo de la oposición, evitar una convocatoria inmediata de elecciones que no le convienen, colocar en un brete a Ciudadanos y, sobre todo, intentar la oportunidad de recomponer desde el poder sus malas perspectivas electorales.
La posición de Podemos/IU, cuya emergencia ha perdido visiblemente empuje, es la menos arriesgada. No tiene mucho que ganar ni que perder hoy y aquí.
De Coalición Canaria, ni hablo. Como siempre, los más previsibles: intentarán cualquier cosa, o la contraria, que piensen que les perpetuará en el poder. Olvidadas sus querencias “soberanistas” y pro-Estado Libre Asociado, la Declaración de Barcelona y sus alianzas electorales con el PNV y con CiU, están intentando balbucear un discurso “españolista” para evitar que Ciudadanos les arrebate el electorado que han vampirizado al PP en tantas elecciones autonómicas y municipales. Y de paso, amarrar todavía más el apoyo del PP por estos lares. Y a ver si, a más más, logran sacarles a cambio el bloqueo la reforma del sistema electoral canario en el Congreso. Porque a Coalición Canaria le pasa con las instituciones del Estado lo mismo que al PP con los nacionalistas: que sólo valen cuando bendicen sus intereses.
La toma de posición de Nueva Canarias, anunciando el apoyo a la moción de censura, en mi opinión estaba cantada. Porque no dependen del PP en ningún lado y eso, en el escenario actual, les hace libres.
Aunque las reacciones del PP y de Ciudadanos contra Pedro Sánchez están sembradas de ticks reaccionarios, tanto la posición de fondo del PSOE como la de Ciudadanos son perfectamente legítimas. Partidistas, pero legítimas. Tan partidistas como incompatibles. El No de Ciudadanos a Pedro Sánchez, si al final tiene como resultado la continuidad del PP, no les resultará gratis.
Un éxito de la moción de censura colocaría probablemente al PSOE al frente de un gobierno monocolor impracticable, con consecuencias políticas y electorales no predecibles. Como en las actuales circunstancias no se puede elegir entre lo malo y lo bueno, sino entre soluciones problemáticas, creo -descartando la continuidad del PP, casi imposible de defender con criterios homologables en sociedades democráticas-- que el criterio de orientación debe ser el que mejor refleje el principio democrático. Y, en las actuales circunstancias, ese criterio nos lleva a la convocatoria de elecciones ya.
No es el que más me gusta, porque prefiero un gobierno de orientación progresista. Y creo que el PSOE tiene mimbres, incluso desde un gobierno en minoría, para tomar algunas medidas que son inaplazables. Pero es el que procede.