Los discapacitados físicos, un colectivo abandonado
El colectivo exige una mejora de la accesibilidad, ya que muchas de las obras que se han realizado no han tenido en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad física.
En Canarias hay alrededor de 9.250 personas con algún tipo de discapacidad física, y, de ellas, en Lanzarote habitan alrededor de 1.500. Muchas de estas personas necesitan ayuda para salir de su casa y poder ir al médico, al supermercado, o simplemente para poder tomar el aire sin tener que depender de otra persona que las traslade.
Esto se debe, entre otras cosas, al estado de las calles. Cuando el problema no es un poste en medio de la acera o un bordillo muy alto, son las farolas, que interrumpen el tránsito o los pasos de peatones, que no están adaptados para las sillas que requiere este colectivo. Hablamos de personas que desean ser independientes y que anhelan la posibilidad de hacer una vida normal. Sin la ayuda de otra persona y un vehículo, es prácticamente imposible que puedan salir de sus casas, casas que, para ellos, se han convertido en una especie de prisión.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la igualdad de oportunidades de este grupo social, ha denunciado al Gobierno por incumplimiento de las normas y preceptos relativos a las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras para las personas con discapacidad.
Salvador Medina Martínez, abogado y representante de la Mesa para la Mejora de la Sanidad Pública; Ricardo Ballesteros, en representación de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (Aculanza); y Reyes Luís, integrante de la Asociación de Vecinos de Argana, exigen, tras años de lucha, el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad.
Las CCAA deben recoger medidas tendentes a facilitar la accesibilidad a este colectivo
Según ha explicado Salvador Medina, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en favor de la Asociación CERMI. La denuncia presentada por este colectivo fue admitida y aprobada, por lo que todas las Comunidades Autónomas (CCAA) deben recoger una serie de medidas tendentes a facilitar la accesibilidad a este colectivo. “Somos personas como otras, tenemos derechos, nos los concede la constitución”, añade.
Salvador también alaba la intención, en este caso, del Diputado del Común, quien propuso a una asociación de discapacitados de Fuerteventura que impulsaran la apertura de concejalías de accesibilidad en toda Canarias. “Se mandó un escrito a todos los municipios para emprender este proyecto, solo dos han creado esas concejalías”, asegura. Cansado de promesas incumplidas, Salvador expone: “no vengan ustedes detrás de mi únicamente porque les ceda el voto, vengan para facilitarme mis condiciones de vida”. A la espera de lo que haga el nuevo gobierno, apunta, “todo se podrá conseguir si hay voluntad política, porque sin voluntad política, no hay nada.”
Reyes Luís, portavoz del Movimiento Vecinal de Argana, manifiesta la gravedad de la situación y no solo por la dependencia de este colectivo, sino por el peligro que corren cada vez que salen de su casa, especialmente en la localidad de Argana. “Argana es uno de los barrios más olvidados con respecto al tema de infraestructuras”, explica. Además, hace hincapié en la pasividad con la que tratan los problemas relacionados con la accesibilidad. “Cuando estas personas solicitan algo al ayuntamiento, los trámites se dilatan mucho en el tiempo y son necesidades que deben ser resueltas de inmediato”, apunta.
Ahora que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, esperan que todo esto se resuelva
Por su parte, Ricardo Ballesteros considera que “es lamentable que después de 41 años de monarquía parlamentaria en los que han gobernado distintos partidos, aún estemos reivindicando los derechos que están en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Constitución. Presentamos como asociación una serie de mociones, tanto en el Ayuntamiento, como en el Cabildo. Nos contestaron y se aprobaron por unanimidad pero a partir de entonces, no se ha hecho nada”.
Es tiempo de esperanza para este colectivo. Ahora que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, esperan que todo esto se resuelva. “Los problemas de estas personas se tienen que solucionar ya, ellos también pagan impuestos y son receptivos de los derechos que marca la constitución y el estatuto de Canarias”, concluye Ricardo.
Un derecho que ampara la Constitución Española y el Estatuto de Canarias
El artículo 49 de la Constitución Española contiene un mandato hacia los poderes públicos, quienes deben realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.
Ese mismo principio de igualdad viene recogido también en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que los ciudadanos de Canarias son titulares de derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución y que los poderes públicos canarios, asumen la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran.
Cabe apuntar también que la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, incluye la promoción y atención de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su integración social, a fin de conseguir su desarrollo personal y mejora de su calidad de vida.
