La FCM cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Islas Verdes del Gobierno Canario
La FCM considera que la nueva regulación amplía aún más los usos viables en el suelo rústico, una expansión de los usos admisibles que alcanza no solo al suelo rústico común sino también al suelo rústico protegido.
La Fundación César Manrique (FCM) ha hecho pública “su inquietud y alarma por la reciente aprobación por el Parlamento de Canarias de un nuevo estatuto jurídico singular para las denominadas “islas verdes” en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales” y anuncia que encargará un dictamen jurídico sobre la contitucionalidad de la misma.
La FCM asegura que la nueva ley amplía los usos viables en suelo rústico, “Por si las facilidades para la utilización del suelo rústico ofrecidas por la normativa autonómica con carácter general no fueran suficientes en la actualidad, después de haber sido aprobada en 2017 la nociva Ley del Suelo de Canarias que desmanteló la cultura territorial de contención acumulada en las Islas durante las dos últimas décadas,”,
Se contempla así la viabilidad del uso alojativo turístico en ambas categorías de suelo rústico y, en particular, se legitima en estas islas establecimientos alojativos de hasta doscientas plazas en suelo rústico.
Pero más allá de ello, “ la principal novedad desde la perspectiva expuesta estriba en la normalización de dicho uso del suelo, esto es, en su configuración como un uso “ordinario” más dicho uso turístico tanto en suelo rústico común como en suelo rústico protegido”.
A juicio de la Fundación César Manrique, con este modo de legislar se compromete la utilización racional de los recursos naturales en esta clase de suelo. Y con ello, al no quedar suficientemente garantizado que pueda evitarse la alteración de su estado natural, se pone en grave riesgo el equilibrio territorial en estas islas.
Después de realizar una serie preliminar de consultas técnico-jurídicas, la FCM estima además que “la normativa aprobada suscita dudas de constitucionalidad, por lo que ha decidido solicitar un dictamen jurídico sobre la existencia de fundamento suficiente para la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 14/2019, por los cauces que sean convenientes”.
