Ubaldo Becerra y dos empresarios también confiesan los delitos cometidos

La de hoy ha sido, sin duda, una Jornada de confesiones. La segunda sesión del juicio de la pieza 12 del Caso Unión ha dejado una estela de confesiones por parte de políticos, funcionarios y empresarios. Si esta mañana eran Carlos Sáenz y Antonio Cárdenas quienes admitían y reconocían los delitos que les imputa el Ministerio Fiscal, la sesión de tarde ha estado protagonizada por la confesión de Ubaldo Becerra y los empresarios Antonio Gómez Ruiz, administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita, y Jesús Manuel Martín Brito, administrador de Infogelan Construcciones, si bien estos últimos ya habían reconocido ante la juez instructora los delitos de que venían siendo acusados.

"De Antonio Gómez recibí 10.000€ a cambio de haberle concedido el proyecto de arbolado del parque temático" dijo Ubaldo Becerra, ex concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, en el juicio que se sigue por la pieza 12 del Caso Unión. Becerra  ha declarado que el cobro de comisiones a empresarios era habitual y que el dinero obtenido era para el lucro personal de alguno de los concejales, entre los que icluye a Jose Miguel Rodíguez ya  Antonio Machín, además de para el partido. El dinero del partido se destinaba dijo a “fiestas, cenas, colaboraciones con grupos y asociaciones, recuerdo alguna murga, también para grupos de la tercera edad al que llevamos a El Golfo de excursión y con comida. También se utilizaba para gastos de oficina y personal del partido”.

La caja B del PIL 

En su declaración Becerra reconoció un “documento exel de contabilidad -que se obtuvo en el registro de la casa de Matías Curbelo- en la que se recogían los gastos del partido no declarados” y además apuntó que ese dinero provenía de las comisiones exigidas a los empresarios.

Becerra declaró también que las instrucciones de cobrar comisiones venían desde “arriba” y que según le transmitió en su momento José Miguel Rodríguez "las dictaba Dimas”. Así mismo y a respuesta del Fiscal Ródenas, ha aludido continuamente a las reuniones que se mantenían con Dimas Martín en los hoteles de Costa Teguise, Playa Verde, Los Zocos y Beatriz. en estas reuniones se hablaba de cuestiones del Ayuntamiento y del avance del Plan General de la capital, según reconocía el ex concejal. 

Evitar los concurso públicos

En sus declaraciones ante el Tribunal, Becerra explicó el procedimiento que seguían para no tener que hacer concurso público de las obras previstas por el Ayuntamiento. En ese sentido aseguró que era habitual que si la obras superaban el presupuesto, “ se dividía el proyecto y la facturación hasta el presupuesto máximo permitido por la ley de contratación sin acudir a concurso”. Además era habitual pedir a un solo empresario que presentara tres propuestas distintas para un único trabajo.

En ese sentido aludió a las obras de la pescadería municipal, en la que se hicieron once facturas de importe idéntico, 30 mil euros, hasta completar el presupuesto de la obra que ascendía a 166 mil euros. “No hacíamos expedientes de contratación, el importe total de la obra se fraccionaba en facturas distintas que se pagaban con una retención de crédito", dijo también en la sesión de tarde de la segunda jornada de este juicio que todavía vivirá unas cuantas sesiones más antes de trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria.

Becerra reconoció los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal si bien no se mostró conforme con la pena que se le pide, 17 años de prisión  y multa de 406.000 euros  además de  inhabilitación de 26 años por delitos de asociación ilícita,malversación, cohecho, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración e información privilegiada.