Denuncian que el Gobierno de Canarias "ha preparado una ley a medida de Puerto Calero"
Más de 100 propietarios particulares de Puerto Calero denuncian lo que consideran un “atropello institucional” orquestado por el Gobierno de Canarias a favor del concesionario de la marina, Puerto Calero Marinas SL. Según la Asociación de Propietarios, una disposición legal introducida sin debate público en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma permitirá al actual concesionario recuperar la propiedad y el control sobre bienes vendidos legítimamente durante los últimos 40 años.
La modificación, camuflada como enmienda 8, punto 8, establece que toda cesión de derechos realizada por el concesionario durante la vigencia de la concesión caducará automáticamente al término del plazo original, salvo pacto expreso con la propia concesionaria. "Esta redacción", consideran, "otorga a la empresa concesionaria la capacidad de decidir unilateralmente sobre el futuro de derechos adquiridos en escritura pública, con el beneplácito del Gobierno regional".
La cronología de los eventos, expone la Asociación, "no puede dejar más claro que es una Ley a medida del Gobierno de Canarias para favorecer a Puerto Calero y demás puertos deportivos de las islas":
19 de febrero 2024: Puerto Calero Marinas SL solicita por escrito a Puertos de Canarias la prórroga a la concesión
4 de septiembre 2024: La Asociación de Propietarios se persona como parte interesada en el expediente de renovación ante Puertos de Canarias, solicitando un acceso al expediente que nunca es concedido
28 de diciembre 2024: Se aprueban los Presupuestos Generales de Canarias donde se incluye la Enmienda 8.8 para impedir que las familias y empresas puedan beneficiarse de la prórroga
12 de junio 2024: Puertos de Canarias da su visto bueno a la renovación de Puerto Calero por parte de Puerto Calero Marinas SL y pone en exposición pública el expediente al que nunca ha dado acceso a la Asociación
Una ley a medida para favorecer intereses privados
La Asociación denuncia que esta enmienda permite al concesionario:
- Recuperar sin coste alguno el control sobre propiedades previamente vendidas.
- Eludir cualquier compromiso de inversión directa, ya que la carga recaería sobre los actuales propietarios, según la propia memoria económica presentada con la solicitud de prórroga.
- Revender o alquilar esos mismos espacios a nuevos compradores o arrendatarios, logrando un beneficio multiplicado a costa de quienes ya consolidaron la marina.
Propietarios marginados de la prórroga
Entre los afectados, explican desde la Asociación, están 50 pequeñas empresas y familias de Lanzarote que cuentan con locales comerciales o atraques, y que dan trabajo a alrededor de 300 trabajadores; más de 200 dueños de atraques de pequeño tamaño, y 26 familias que tienen viviendas en la marina, muchas de ellas compradas hace tres décadas. Todos ellos ven como la prórroga pasa de una oportunidad de ampliación de derechos y continuidad, a ser una amenaza e incluso una agresión social
Y es que esta prórroga extraordinaria y excepcional de 35 años —hasta alcanzar un total de 75— se está tramitando sin reconocer los derechos adquiridos de las familias y empresarios que han invertido en la marina durante décadas. Desde la Asociación se ha propuesto una fórmula razonable: que cada propietario contribuya proporcionalmente a la inversión y canon de la prórroga. La posibilidad de perder lo que han comprado durante todos estos años puede provocar un incendio social como Lanzarote pocas veces ha visto.
La paradoja del “interés general”
Desde la Asociación trasladan que durante los últimos 40 años, ha sido la propia comunidad de propietarios —restauradores, comerciantes, operadores náuticos y otros profesionales— quien ha sostenido el éxito y el valor real de Puerto Calero. “Hemos sido nosotros quienes hemos mantenido la estética, la limpieza, el entorno, pagado licencias, tributos municipales y generado empleo directo e indirecto. También hemos aportado valor gastronómico, dinamizado el comercio, impulsado actividades náuticas y sostenido el ocio que da vida al puerto.”
Ahora, quienes han dado valor real a la marina corren el riesgo de ser desplazados bajo una reforma legal aprobada sin debate público y orientada a maximizar el beneficio de un solo operador privado. Desde el Gobierno de Canarias se apela al “interés general”, pero sin embargo se modifica el marco legal para favorecer el interés particular, despreciando a la mayoría: a las empresas, a los trabajadores, a los que han dado alma al puerto.
Llamamiento a la transparencia y al debate público
La Asociación de Propietarios de Marina Puerto Calero Yaiza exige al Gobierno de Canarias que rectifique esta medida, respete el Estado de derecho y habilite un espacio de diálogo con todos los afectados. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, explican sus representantes. “Queremos contribuir a la prórroga de forma proporcional, no ser despojados de nuestros derechos bajo una ley redactada para favorecer a una empresa privada con la complicidad de las instituciones”.
El plazo de alegaciones del expediente de renovación de la concesión de Puerto Calero finaliza el sábado, pero desde la Asociación de Propietarios han solicitado formalmente a Puertos de Canarias una extensión del mismo “dado que el plazo actual que finaliza el 12 de junio es insuficiente y es necesario ampliar el mismo para favorecer el debate público”.
