Los peritos de Intervención del Estado y la Audiencia de Cuentas tachan de ilegales los pagos de Yaiza a Fernández Camero
Los dos informes periciales aportados por el Ministerio Fiscal sobre los pagos del Ayuntamiento de Yaiza de casi un millón de euros al abogado Felipe Fernández Camero entre los años 1996 y 2007 han coincidido en señalar hoy en el juicio que se sigue en Arrecife por la sección primera de la Audiencia Provincial que no se han ajustado a la legalidad por no cumplirse los procedimientos en recogidos en la Ley de Contratos para las administraciones públicas. Según el Ministerio Fiscal este “expolio” de un millón de euros se realizó con la connivencia del entonces alcalde, José Francisco Reyes, y sus dos secretarios-interventores, también procesados en la misma causa, Vicente Bartolomé y Antonio Fernández.
La pericial realizada por un funcionario de la Intervención General del Estado recalca que en la contratación del Ayuntamiento con el abogado no se siguieron los procedimientos que exige la ley hasta el punto que considera que fallaron todos los mecanismos internos de control por parte del consistorio.
El informe constata también la “causa de incompatibilidad” por la sanción a Camero de la Secretaria de Estado de Función Pública en 2004 por ejercer de abogado siendo secretario del Ayuntamiento de Arrecife y de los incumplimientos legales al no existir expediente de contratación ni memoria justificativa.
En cuanto al análisis realizado en la pericial del técnico de la Audiencia de Cuentas de Canarias se destaca la ausencia de expedientes de contratación hasta el punto que da la sensación que son “contratos verbales” que no están permitidos en las administraciones públicas. En los 150 expedientes analizados no se ha encontrado la aprobación de gasto que debería haber realizado el alcalde José Francisco Reyes.
Sin encaje legal
La defensa de Reyes hizo ver al funcionario de la Audiencia la existencia del acuerdo plenario de agosto de 1980 en el que se acordaba la contratación de Fernández Camero como asesor jurídico del Ayuntamiento, una de las tesis de las defensas para letigimar los trabajos del abogado. Un acuerdo que para el perito “no tiene encaje legal” ni siquiera en el año 1980 cuando se adoptó esa medida. Además constataron que entre las facturas aportadas las había sin registro de entrada del ayuntamiento, sin fecha y ni siquiera sin la firma del propio Camero.
El Ministerio Público mantiene que nunca se justificó en qué consistían tales asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación, ni se siguieron las normas de contratación, sino que "durante más de una década" el Ayuntamiento de Yaiza pagó, mes tras mes, a Fernández Camero lo que este establecía "por su mero capricho y ansia dineraria".
La acusación pública pedirá en este juicio, que se enmarca dentro de una de las piezas separadas del denominado 'Caso Yate', que se dicten las siguientes condenas: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes, el exinterventor Vicente Bartolomé y el abogado Felipe Fernández Camero y cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el exinterventor Antonio Fernández.
