El Comité Ejecutivo insular de Coalición Canaria en Lanzarote decidió en su reunión de este lunes 27 de marzo, solicitar a los concejales tránsfugas de Haría: Chaxiraxi Niz, Armando Bonilla y Alejandro Hernández que, al igual que ya lo hiciera en su momento Soraya Brito, abandonaron el grupo de la formación nacionalista en el Consistorio norteño.
Como se recordará, en diciembre de 2022, los citados ediles presentaron un escrito comunicando su integración en el grupo de los no adscritos como paso previo a la formación de un nuevo partido que concurrirá a las próximas elecciones municipales en el norte insular.
Tras haber dejado pasar un tiempo prudencial para que cada uno de ellos entregara el acta que consiguió concurriendo en las listas de Coalición Canaria a los comicios electorales de 2019, y no haberse producido dicha entrega, la formación nacionalista exige que lo hagan de forma inmediata antes de terminar el mandato.
Los tres concejales argumentaron su decisión de no continuar en la formación nacionalista basándose en lo que consideraron una falta de apoyo del partido a la ex alcaldesa de Haría en su intención de ser la candidata en mayo de 2023.
Sin embargo, hay que recordar, que fue precisamente ella quien decidió no presentar su candidatura días antes de la celebración de la Asamblea Local en la que debía decidirse quién encabezaría la lista de CC al Ayuntamiento de Haría.
Los miembros de la Ejecutiva insular de Coalición Canaria señalan que, aunque bien es cierto que las actas de los cargos públicos son personales, por una cuestión ética y por respeto al partido que les posibilitó su escaño, los concejales tránsfugas deberían entregarla a la formación y posibilitar que sean otras personas comprometidas con Haría que sí confían en el proyecto de CC, quienes las asuman.
Pleno de honores en el Cabildo
El Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote (CC-PNC) exige que no se convoque el Pleno de Honores y Distinciones sin el informe jurídico solicitado, para despejar el posible incumplimiento del Reglamento que regula el otorgamiento de los citados reconocimientos.
Dicho informe, que ya fue solicitado por CC hace más de dos meses, cuando la Comisión de Honores y Distinciones adoptó los acuerdos y su elaboración dependía entonces de la voluntad que no ha tenido la presidenta, Mª Dolores Corujo, ahora resulta obligatorio por cuanto lo han solicitado CC y PP, que suponen más de 1/3 de los consejeros. De ahí la exigencia.
Un informe jurídico aclaratorio que sirva para despejar todas las dudas suscitadas en todo este proceso y que debería ser elaborado y entregado a todos los grupos políticos, con carácter previo a la convocatoria y, por supuesto, a la celebración de la sesión plenaria en la que habrían de ser adoptados los acuerdos que oficialicen la concesión de Honores y Distinciones de la Corporación.
De no ser así, el gobierno podría abocar al Cabildo a adoptar un acuerdo nulo a sabiendas de que contraviene las propias normas de aplicación de que se ha dotado, con lo que ello supondría.
Y es que, hay que recordar que los honores de hijo predilecto y adoptivo, que precisan del voto favorable de dos tercios (15,3) de los miembros de la comisión para su elevación a pleno, no contó en la Comisión con la mayoría suficiente establecida en el citado Reglamento (16) para dicha elevación, que podría por tanto ser nula.
Sin embargo, los nacionalistas afirman que esto sería subsanable con la convocatoria de una nueva Comisión, por cuanto realmente comparten las propuestas de estos honores.
"Lo que no sería subsanable es que se otorgue un premio destinado a entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al bienestar social, a una sociedad empresarial con evidente ánimo de lucro". afirman.
El Grupo Nacionalista entiende que es obligación de la presidenta atender a las dudas más que razonables planteadas, y en todo caso ya era deber del secretario general del Pleno, realizar la advertencia a los miembros de dicho órgano con carácter previo a la adopción de los acuerdos, salvo que considerase que los mismos sí que cumplen con el Reglamento de Honores y Distinciones; deber que ahora se convierte en obligación reglamentaria, sin necesidad de que lo autorice la presidenta una vez que lo ha solicitado más de un tercio de los miembros del Pleno.
"Máxime", señala CC, "cuando en la Junta de Portavoces, celebrada ayer martes, la secretaria de la misma y secretaria a su vez de la Comisión de Honores y Distinciones confirmó que ni siquiera en dicha Comisión se aportó ningún tipo informe que explicase por qué se otorga el premio a la labor social a una entidad con ánimo de lucro, contraviniendo el tenor literal del Reglamento.
