Ferrer niega haber estafado al Ayuntamiento de Arrecife, fraccionando e inflando facturas

El dueño de la empresa Tunera, Eduardo Ferrer, ha negado este martes haber querido estafar al Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) inflando facturas y cobrando un mismo proyecto de dos veces para adjudicarse un contrato sin concurso público en connivencia con autoridades y empleados municipales.

En la tercera sesión de la vista oral del juicio sobre la última pieza del 'caso Montecarlo', una trama de presunta corrupción en el Consistorio de Arrecife, Ferrer ha rechazado la acusación de la Fiscalía de que facturó solo unos meses de un programa todavía en marcha y más tarde los restantes para eludir normas de contratación pública, al fraccionar el montante total. Algo que hizo, según ha declarado ante la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, a fin de poder afrontar los gastos derivados de la contratación de dos empleadas a las que fichó para desarrollar un proyecto de dinamización de barrios impulsado por el Ayuntamiento entre los años 2010 y 2011, siendo alcalde Cándido Reguera. Porque -ha afirmado- "yo quería cobrar mensualmente, que es como pago, mensualmente", a fin de tener fondos para costear "las nóminas de las dos chicas" empleadas para dicho programa.

En consecuencia, "hice una primera factura por el 50 % y una segunda por el otro 50 % del proyecto", ha precisado, en una sesión celebrada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Además, el responsable de Tunera Producciones ha negado que en la segunda de las facturas incluyera falsamente otros trabajos que había hecho para la corporación, como un concierto de Alejandro Sanz o la actuación de un representante de Arrecife en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, para cobrar de más.

Frente a las tesis de la acusación, Ferrer ha asegurado que consignó en la misma minuta de la segunda parte del proyecto otros cobros que tenía pendientes porque "fue el alcalde quien dijo que metiera todo en esa factura, acabando el año". Ya que había "diferentes encargos que me hicieron desde la Alcaldía, y el alcalde me dijo que lo metiera en una sola factura", ha añadido, insistiendo: "son cosas que teníamos pendientes de cobrar, de albaranes de servicios prestados".

Eduardo Ferrer ha sostenido que, en todo caso, procedió siempre "con la máxima transparencia" y que la segunda factura se presentó "con el desglose de todos los servicios prestados, al detalle". Y, preguntado por su abogado defensor sobre si indujo a Carlos Sáenz, entonces interventor de la corporación, a que "se saltara el respeto a las normas de contratación pública" para así no tener que competir con otras empresas por la adjudicación del proyecto, ha sentenciado: "en ningún caso".

La defensa del empresario ha presentado como perito, por otra parte, a un economista y auditor de cuentas profesional que, tras analizar todas las minutas pasadas por Tunera al Ayuntamiento, ha emitido un informe descartando que la empresa cobrara por trabajos que en realidad no hizo o que inflara sus precios. Este experto ha declarado que hay una serie de elementos visuales, como fotografías e informaciones periodísticas de las actividades realizadas y una serie de facturas, pagos de impuestos, a la Seguridad Social y demás, que corroboran la veracidad de las palabras del empresario.
Y ha agregado que "el beneficio que se obtiene está dentro de los márgenes razonables" en todos los servicios contratados y que no hay indicios de "fraccionamiento malintencionado" de facturas.

En la misma vista oral han comparecido como acusados de presunta corrupción, por supuestamente haber sido cómplices del presunto beneficio ilícito de Ferrer, los exconcejales de Arrecife Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), cada uno de un partido distinto y ninguno ya en la política activa.
Así como tres acusados más, el exasesor Blas Cedrés, y los técnicos José Nieves, ya jubilado, y Miguel Ángel Leal,
Todos ellos se sientan en el banquillo por ser firmantes de facturas abonadas en una u otra ocasión a Tunera Producciones, y han respaldado el planteamiento del empresario de que todos los pagos que se le hicieron eran ajustados a los servicios prestados.

Según su versión, ellos mismos fueron testigos de las actividades que organizaba Tunera, en unos casos, y en otros dijeron haberlas rubricado fiándose de técnicos del Ayuntamiento que les dieron previamente el visto bueno. Algo que ha resumido Isabel Martinón, entonces concejal de Hacienda, señalando: "yo recibía expedientes con la firma del señor interventor, que es quien fiscalizaba, y, entonces, yo confié en él", puesto que "mi labor era política. Yo no entré para llevar un perfil técnico, sino político".

La vista oral de esta última pieza del Caso Montecarlo se retomará este miércoles en la Ciudad dela Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.